• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Militares en el poder

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“Murió uno de los personajes más oscuros de nuestra historia, responsable de crímenes y graves violaciones de los derechos humanos en nuestro país”. Así se refirió el Ejecutivo chileno al deceso de Manuel Contreras, siniestro cancerbero que podría haber servido de arquetipo de obstinada maldad  a  quienes tejen ficciones sobre dictadores y sus indispensables cuerpos de seguridad con licencia para la violación de absolutamente todos los derechos humanos, incluido el más sagrado, el que garantiza la vida del ciudadano.

Se trataba de un alto oficial del Ejército, un general de absoluta confianza de Augusto Pinochet, que ocupó la jefatura de la Dirección de Inteligencia Nacional, la tenebrosa y temible DINA, responsable de millares de vejaciones, asesinatos y desapariciones que hicieron de la nación austral líder de la célebre “Operación Cóndor”, perverso  plan militar de acción que comportó colaboración estrecha con los soplones de  Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, y que desplegó agentes en Venezuela.

Privado de libertad y condenado a más de 500 años de cárcel por decenas de crímenes cometidos contra sus propios compatriotas, Contreras murió llevándose información valiosa para saber la verdad y hacer justicia respecto del horror cometido por la dictadura militar”. Lo hizo, a los 86 años, en un hospital donde permanecía desde septiembre de 2014, atendido por médicos y enfermeras como medida humanitaria  que  él ni  sus colegas militares hubiesen sido capaces de aplicar a quienes agonizaban en las mazmorras pinochetistas.

 Fue vestido con su uniforme de gala a modo de mortaja para incinerarlo en una ceremonia semiclandestina que puso fin a la proterva trayectoria  de un verdugo militar que, por perruna obediencia o ciega ambición, algunos soldados alineados con el nicochavismo criollo emulan con diligencia superlativa.

La  “seguridad nacional” fue, durante la repudiada cuarta república, asunto tutelado por civiles, cuyas deficiencias en materia de pesquisas eran suplidas por el uso de la violencia. Se les acusaba de toda suerte de atropellos (detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, homicidios).

Y era cierto. Sin embargo, es imposible no reconocer que, en esa imperfecta democracia que disfrutó y sobrellevó Venezuela entre 1959 y 1998, el Ministerio Publicó investigó y procesó a más de un esbirro de la Digepol y la Disip (el caso del enjuiciamiento y prisión de los asesinos de Jorge Rodríguez, padre, habla de un Poder Judicial independiente).

Y los que ahora están en el poder deberían recordar sus crueles andanzas de guerrilleros urbanos y rurales (asesinatos, secuestros, robos, fusilamientos de compañeros y otros delitos  de no  menor cuantía, exonerados por la pacificación) antes de proceder, como proceden a perseguir, encarcelar  y  martirizar a la disidencia como parte de una política represiva cuyo diseño y ejecución corre miserablemente a cargo de militares de alto rango, en perfecta simetría con el fenecido carnicero chileno.