• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Matando empleos

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Esta semana el mexicano Jorge Castañeda recordaba en un artículo publicado en El País, de Madrid, tres cuestiones fundamentales que habían sido objeto de discusión en un encuentro ocurrido en Sao Paulo, con motivo de los diez años de la Fundación Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil y gran amigo de la Venezuela democrática.

Destaca Castañeda en su artículo que el tema colocado sobre la mesa era “el curso de la democracia y del autoritarismo en América Latina” y le sorprendió la rotunda coincidencia de opinión de los cuatro expresidentes de Iberoamérica (Felipe González y Ricardo Lagos, socialistas; Julio María Sanguinetti, francamente conservador, y el propio Cardoso, un mandatario abiertamente progresista).

La primera coincidencia, dice Castañeda, “es que no basta ser electo democráticamente para gobernar democráticamente o, como dijo Felipe González, la legitimidad de origen debe compaginarse con la legitimidad de gestión. No se pueden justificar conductas de gobierno antidemocráticas –represión, suspensión de libertades, censura– por el simple hecho de haber ganado una elección”.

No hay que hacer un gran esfuerzo para sentir que esto es un reflejo fiel de lo que ocurre en Venezuela. Represión es lo que sobra en este país en todos los niveles de vida, ya sea el impedimento para expresar una posición política o comprar a “precios rebajados”: todo pasa por la adhesión al partido.

Este renacimiento del autoritarismo se levanta sobre una insólita alianza de militares con sectores de la vieja ortodoxia izquierdista que apunta como primer objetivo a una reducción de los derechos humanos y, por supuesto, de la libertad de expresión.

Hoy, por ejemplo, los militares y sus aliados populistas ya no necesitan cerrar una estación de radio apelando a un allanamiento policial: simplemente se refugian en el acto legal de no renovar la concesión. Igual sucede con las televisoras. Y a la prensa escrita se le niega ilegalmente la importación de papel para que no sigan circulando.

Nuestra vieja y querida prensa escrita, por alguna extraña razón, provoca entre los dictadores, policías, generales, sargentos y demás fauna represiva una furia salvaje e inexplicable porque, que se sepa, hasta ahora una palabra, una frase, el título de un periódico, una columna de opinión o una buena foto jamás ha mutilado, torturado, encerrado en prisión o sometido a juicio a un gobernante en el poder.

De manera que extraña esa furia que hoy recorre a Venezuela como un huracán derribando radioemisoras, televisoras regionales, pequeños periódicos de provincia, y dejando en el abandono a decenas de familias cuyo sustento dependía del trabajo no solo del periodista sino de secretarias, empleados y obreros.

Si hoy al señor Rajoy en España se le acusa de haber llevado al paro a millones de personas por la crisis económica, qué se puede decir de quienes hablando en nombre de los obreros se han convertido en Venezuela en destructores sistemáticos de puestos de trabajo en los periódicos y medios de comunicación.

Decenas de familias que trabajan en los diarios han quedado en la calle, cerca de 40.000 empleos directos e indirectos han sido destruidos por el gobierno, tanto a trabajadores humildes como a profesionales se les ha cerrado la esperanza de estar amparados por un seguro privado, de cotizar para obtener una pensión digna. Están cercados por las deudas y en manos de prestamistas porque ya no podrán disfrutar de cajas de ahorros, de un comedor decente, de becas para sus hijos.

El gobierno ha lanzado sobre la prensa y sobre los periodistas una bomba “solo mata empleos”, porque deja a la gente con vida pero sin una forma decente de ganarse la vida. Una manera de fusilarlos lentamente de hambre.