• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Linchamiento de la prensa

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Desde el triunfo de los bolcheviques en Rusia y la instalación de la dictadura del proletariado, con Lenin a la cabeza del gobierno revolucionario, comenzó una guerra sistemática, destructiva y delictiva contra aquella prensa escrita que no obedeciera a las líneas emanadas del poder.

Para los bolcheviques la famosa “batalla de las ideas” no era la discusión pura y dura que enriqueciera teóricamente el proceso revolucionario. Detrás de las polémicas y de los debates públicos, el gobierno alentaba mafias encargadas de sabotear y destruir cualquier publicación que se apartara de la línea oficial.

A los periódicos se les negaba la adquisición del papel (como ocurre hoy en Venezuela) y los locales donde funcionaban eran atacados de noche por bandas armadas. Los periodistas al salir a la calle eran atacados y golpeados por la jauría bolchevique. Muchos fueron encarcelados, torturados y murieron en Siberia.

El objetivo no podía ser otro y no lo fue, sino exterminar progresivamente a los periódicos y revistas no comunistas.
Finalmente Pradva e Izvestia terminaron siendo los dos únicos periódicos de Rusia. Hoy en Cuba una desvaída hoja parroquial llamada Granma dice a los cubanos las cuatro idioteces que le interesan al poder. El viejo periodismo cubano, de gran prestigio y circulación fue ahorcado, sus dueños acusados de agentes del “imperialismo norteamericano” y señalados de ser cabecillas de una conspiración para matar a Fidel Castro. Lo que verdad ocurrió fue un “periodicidio” en masa.

Ahora el alto mando del PSUV, actuando como el Ku Klux Kan, ha enfilado sus baterías contra los medios impresos para señalar que han devenido en cómplices de golpistas y magnicidas. De modo tal que, por enésima vez, el gobierno se vale de trapos rojos y cortinas de humo para eludir los problemas del país.

El blanco de los ataques son dos periódicos insignia de la prensa nacional; dos matutinos independientes cuya supervivencia está seriamente comprometida por la  negativa gubernamental de suministrar las divisas necesarias para la adquisición de papel, insumo fundamental de la industria de la comunicación escrita.

Al satanizar a El Nacional y a El Universal, el gobierno pareciera estar sustanciando un vesánico expediente para justificar su postura ante las reiteradas peticiones de los editores de ser incluidos en el Sicad, a fin de solventar su calamitosa situación; una situación que afecta a la totalidad de la industria gráfica y ha conducido ya al cierre de decenas de diarios y revistas, a la paralización de  la producción de libros, incluyendo textos escolares, y a  la liquidación de medianas y pequeñas imprentas por falta absoluta de materia prima.

La revolución necesita hoy fortalecer su hegemonía mediática y el  monopolio absoluto de todas las publicaciones y de todos los canales de difusión masiva existentes en el país, bien sea confiscándolos o bien adquiriéndolos a través de muy feas maniobras con el concurso de  apoderados prestos a lucrarse sin importarles un bledo aquello que “la mejor Constitución del mundo” consagró en sus artículos 57 y 58 respecto a la libertad de expresión y al acceso a la información veraz, oportuna e imparcial.

En su afán de silenciar toda voz disidente, el gobierno desprecia y pisotea el artículo 87 del texto fundamental, que consagra el derecho -y el deber- de trabajar, pues al sacar de circulación a los órganos impresos se les niega esa prerrogativa a cientos de miles de hombres y mujeres que dependen directa e indirectamente de la elaboración, transporte, distribución  y venta de los mismos.

Además, la  agonía de la prensa democrática afecta, de paso, a  industrias como la publicitaria, que constituye una formidable palanca de la economía.