• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Libertad de expresión

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No faltan compromisos internacionales de reconocimiento y protección a libertad de expresión, pero están cada vez más relegados a un segundo plano a medida que la atención internacional se fija en otros abusos gubernamentales, como en Corea del Norte, Irán y Siria; en  cálculos estratégicos, como en China y Rusia; en la adecuación pragmática, como hacia Cuba y otros países de la experiferia soviética, o se reduce a la mirada condescendiente ante dictaduras de vieja data en países pobres.

De nuestro lado ocurre algo semejante, con una marcada tendencia a la condescendencia de gobiernos que han olvidado los compromisos suscritos en los siglos XX y XXI, en declaraciones y protocolos que establecieron la voluntad de proteger y promover la democracia y los derechos humanos.

En la Declaración de Chapultepec, de marzo de 1994, los gobiernos del hemisferio coincidieron en que “Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”. Para enseguida condenar toda ley que coarte esa libertad.

Fue más allá la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en octubre de 2000, asentó como primer principio que “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Y así expresó lo inaceptable: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar prohibidos por la ley”.

En 2001, la Carta Democrática Interamericana incorporó la libertad de expresión a los elementos esenciales de la democracia. Así lo recogieron los primeros protocolos democráticos y de derechos humanos regionales. Pero los principios y compromisos pasaron rápidamente al olvido.

No es esa la posición prevaleciente en las sociedades latinoamericanas, tampoco la de la mayoría de los gobiernos, comenzando por el de Brasil, donde Dilma Rousseff  ha reiterado que quienes sufrieron en las dictaduras saben mejor que nadie la importancia de la libertad de prensa.

Pero son compromisos que el Mercosur ha relegado y la Unasur ignora, mientras la Alianza Bolivariana aplaude las limitaciones directas e indirectas a la libertad de expresión.