• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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No cabe duda: el señor Maduro o sus íntimos consejeros se equivocan abiertamente con la estrategia de negarle papel a la prensa escrita venezolana. Creen, en su escaso conocimiento del asunto, que con ello pueden domar al periodismo crítico y meter en apuros a los editores y dueños de medios impresos.

Es evidente que los primeros afectados son los lectores que buscan a diario la información a la que están acostumbrados y que no les llegará por culpa única y exclusiva del gobierno. De manera que a la inseguridad permanente, a la desaparición de productos básicos y medicinas, a la corrupción generalizada, a la inflación desbocada y a la imposibilidad de viajar, el señor Maduro le agrega la escasez de información.

La calamidad se hace monstruosa cuando miramos hacia la gente humilde y trabajadora que vive de la actividad que la prensa desarrolla a su alrededor y que, de ahora en adelante, tendrá que salir a mendigar para obtener el sustento diario para sus hijos. No se trata de una exageración porque miles de personas en todo el país dependen directa o indirectamente de la circulación de diarios y revistas.

El gobierno piensa que dirige una batalla campal contra los dueños de los periódicos, pero su estrategia no ve más allá de sus narices. La magnitud de las penalidades que producirá puede llegar a proporciones colosales: provocará serios perjuicio a los sectores populares, incalculables en términos económicos.

No nos referimos únicamente a los periodistas y al conjunto de obreros y empleados que se requieren para que la prensa salga a la calle todos los días, sino también a esa multitud de seres humanos a quienes generalmente no se les relaciona con la publicación de los diarios, pero sin cuya contribución los periódicos no circularían (solamente El Nacional generan 13.000 empleos indirectos).

La falta de papel incumbe a los kiosqueros, por ejemplo, quienes se convertirían en empobrecidos vendedores de chucherías si pierden la venta de revistas y periódicos de la cual dependen en gran medida para la subsistencia familiar. Pero también a los transportistas y a sus ayudantes que salen todos los días a repartir el diario a lo largo del país. Igual pasaría con los minoristas que abastecen los kioscos independientes que abren temprano en la madrugada.  

Igualmente a los pregoneros que gritan en las calles las noticias para que la gente compre unos periódicos que para ellos significan la única posibilidad de llevar pan a sus hogares. La lista de los afectados es larga e incumbe a las clases humildes.

No se habla aquí de esa fantasiosa burguesía que le sirve de pretexto al gobierno para cometer sus tropelías, sino de gente pobre y necesitada. No se proclaman aquí los derechos de los potentados, sino la tragedia que significará el desempleo de miles de ciudadanos porque el gobierno le hace la guerra a la prensa. ¿Se ha paseado por estas atrocidades el gobierno “popular y revolucionario”, cuando le niega el papel a los periódicos?