• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Katie, la cazadora

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El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; para conmemorarlo, Katherine Harrington, fiscal XX del Ministerio Público, ha solicitado la comparecencia, el próximo miércoles, de la ciudadana María Corina Machado, a fin de imputarla por su presunta vinculación con un plan para asesinar a Nicolás Maduro, complot del cual también serían partícipes Henrique Salas Römer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso Bustillos.

Que sepamos, la señora Machado no adolece de minusvalía alguna, salvo la referente a sus derechos ciudadanos, brutal y sistemáticamente violados por órdenes del blanco del supuesto magnicidio y del capitán que administra la asamblea nacional -las minúsculas son deliberadas- como si de un cuartel se tratase y que, entre órdenes, sanciones disciplinarias y lastimosas amonestaciones, logró despojar de su investidura a quien ahora es presa de esa cacería de brujas a cuya cabeza aparece la inefable Katie quien, con ésta, sigue sumando puntos a un nada decoroso, pero sí abultado, récord de inculpaciones sin fundamento.

Con cultivada y, valga la paradoja, disciplinada ferocidad, la Harrington intenta -y lo logra, sin duda- emular al infame abogado Roy Cohn, mano derecha del senador Joseph McCarthy, implacable perseguidor de imaginarios enemigos de la democracia estadounidense, y se embarca en una expedición punitiva, llevada a cabo con sádico ensañamiento, para acorralar a la presa y hacerla caer en sus trampas.

Es lo que intenta la subalterna de Ortega en su oficio de cetrería contra María Corina, un ave que, afortunadamente, vuela muy alto como para caer sin defenderse como es debido en las garras de los halcones.

Esta imputación, grotesca en su formulación, pone en el banquillo de los injustamente acusados a una luchadora ejemplar por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión, garantizado en el artículo 57 del manoseado y pisoteado -por quienes se dicen sus custodios y defensores oficiales- libro primordial de la República; y, en definitiva, procura, con las enrevesadas interpretaciones del derecho a que nos tiene acostumbrado una Fiscalía al servicio del Poder Ejecutivo, silenciar una voz disidente como se hizo con Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y decenas de jóvenes confinados sin que haya mediado el debido proceso.

No habrá justicia para María Corina -no puede haberla: es un codiciado trofeo de caza- ni para quien se atreva a impugnar la vigencia del proyecto castro chavista; quien lo haga tendrá que encarar a una dirigencia roja rencorosa y vengativa, para la cual la justicia no es más que un simple ajuste de cuentas. Por eso, cada vez que ponen en marcha su siniestra legión de “Katies”, la presa debe enfrentarse a una funesta combinación de odio de clase, resentimiento y, más que nada, miedo pánico a perder, por las buenas, las inmerecidas posiciones que ocupan y los privilegios que ellas comportan.