• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Juzgando a la justicia

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por intermedio de su presidenta, la señora Tracy Robinson, de Jamaica, dio a conocer ayer en Washington el informe anual correspondiente al año 2013. En el documento se hace un exhaustivo examen de aquellos países del continente que deben emprender verdaderos esfuerzos para mejorar la vigencia y el respeto de los derechos ciudadanos.

Como es costumbre, tanto Cuba como Venezuela, así como Honduras vuelven a encabezar la “lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” como los países que se resisten a introducir mejoras significativas para proteger a sus ciudadanos. En una dictadura como la de Cuba y en esta suerte de adefesio revolucionario que gobierna en Venezuela no es de extrañar que los derechos humanos permanezcan escondidos en el sótano.

Para molestia de quienes se empeñan en señalar a la CIDH como un apéndice sumiso del imperialismo yanqui, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson, señaló con énfasis el hecho irregular del penal estadounidense de Guantánamo cuyo cierre, como bien se recuerda, fue una promesa del presidente Obama.

Desde luego nuestro país fue objeto de una revisión cuidadosa debido a la “violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana”.

Mención aparte mereció la falta de independencia judicial: “La Comisión ha observado de manera reiterada en sus informes anteriores sobre Venezuela, situaciones estructurales como la de provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del Poder Judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia”. Peor imposible, diría el señor Maduro.

Y es que para la justicia chavista el que nuestra Constitución consagre en su artículo 53 el derecho a la protesta o a reunirse públicamente de manera pacífica y sin armas los tiene sin cuidado, a fin de cuentas no siguen los mandatos de la
nuestra carta magna sino los que responden mejor a quienes están en el poder.

Según datos recientes del Foro Penal Venezolano, desde febrero de este año han sido detenidas 2.377 personas por ejercer su derecho a la protesta, en su gran mayoría estudiantes. De estos ciudadanos unos 96 permanecen privados de libertad en la inhumanas cárceles venezolanas y, lo peor, 1.314 están sujetos a medidas sustitutivas a la prisión, casi todas con régimen de presentación cada ciertos días, lo que, de alguna manera, los hace seguir siendo prisioneros del régimen.

La persecución a la protesta ha tomado matices tan insólitos que en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, detuvieron a una joven médico y una odontóloga por llevarle a los estudiantes unas empanadas y unos jugos. Lo cruel y lo ridículo es que las deliciosas empanadas no sirvieron de pruebas a la fiscalía en el tribunal pues, como es lógico, ya se las habían comido. A pesar de ello, a las profesionales de la salud les dieron un régimen de presentación cada 20 días.

Nunca habíamos tenido un Poder Judicial tan deficiente y mediocre, con sus honradas excepciones sin duda alguna. El que la revolución haya eliminado los concursos de oposición para el ingreso de jueces y fiscales, aunado a 95% de jueces provisorios que solo siguen las órdenes que se les dan desde el Palacio de Miraflores es la mejor prueba de ello.

Nuestro Poder Judicial está en crisis y el irrespeto diario que desde los tribunales y la Fiscalía se comete contra los estudiantes que protestan nos da una idea del caos en que vivimos, la burla a la Constitución y la violación a los derechos humanos.