• Caracas (Venezuela)

Editorial

Al instante

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Demandas capitaneadas

El capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional hasta el próximo mes de enero, presentó una disparatada demanda contra los accionistas, los directivos, el consejo editorial y periodistas de El Nacional, La Patilla y Tal Cual, por un presunto agravio a su honor y reputación. Sólo le faltó, en su delirio, acusar a los fallecidos María Teresa Castillo y Miguel Otero Silva, al escritor Antonio Arráiz, al poeta Juan Liscano y a Pedro León Zapata, por haber sido seres probos e inteligentes.

Pues bien, es harto conocido que los funcionarios públicos, en razón de la representación que ejercen, saben que su honor se subroga al interés y al derecho que tiene la sociedad de saber quiénes le gobiernan y qué hacen en su vida pública. Esta amplia norma social tiene su sustento en que toda autoridad es sospechosa, perniciosa y deleznable si, al ejercer el poder, trata de ocultar sus acciones.

Por lo tanto, cualquier información que se publique de manera directa o indirecta, como es la que originó la acción del Capitán, lejos de generar una acción penal por parte del sindicado debería más bien incitarlo a ser el primero, como buen ciudadano, en solicitar que se investigue lo publicado, en resguardo de su buen nombre, y no salir eyectado a usar su poder cívico militar para judicializar a todos estos ciudadanos honorables que protagonizan la demanda.

La fatuidad y el deseo de controlar la información es mala consejera y llevó al capitán, arropado por las bajas pasiones, a tomar el camino del abuso de poder. Por ello entabla la demanda que hoy conoce el mundo y, además, para demostrar su inmenso poder gira instrucciones para que la sentencia sea anticipada.

Por ello el juzgado dicta la pena anticipada a los acusados: prohibición de salida del país y presentación cada ocho días en una oficina ad hoc, pero sin oírlos previamente como lo manda el artículo 49.3 Constitucional, y sin que se haya celebrado la audiencia de conciliación y haya producido su dictamen el tribunal, como lo mandan los artículos 402 y 403 del Código Orgánico Procesal Penal.

Pero no contento con ello, gira instrucciones para que sean aprehendidos los acusados que no están a derecho y que sean trasladados a la sede del tribunal como delincuentes. Prioriza el camino de la deconstrucción de la justicia.

Todo lo anterior sucede ante la mirada bizca de la Fiscal General y de la Dirección de Derechos Humanos de esa institución, acompañada en esa comparsa por el Defensor del Pueblo, que juntos dirigen la orquesta que interpreta una sinfonía de su propia autoría: “la justicia es una ficción”.

La pretensión judicial de un alto jerarca del régimen -aun cuando esté edulcorada de acción privada- tiene que ser monitoreada por la Fiscalía General (que ya se lavó las manos) y por el inexistente y pantallero Defensor del Pueblo, dada la magnitud de los abusos que materializa el poder judicial y que afecta sensiblemente los derechos humanos. La justicia se volvió un fantasma inaprensible y abolió la capacidad de discernir.