• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Justicia indigna

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Leopoldo López, líder del movimiento Voluntad Popular y actualmente preso en la cárcel militar de Ramo Verde, respondió ayer a mano un cuestionario que le fue enviado por este diario, con el fin de conocer su opinión sobre la grave situación de protesta general que vive el país. A López le tienen prohibidas las visitas y apenas tres o cuatro miembros de su familia tienen acceso a la estrecha celda donde está recluido.

Este cerco policial extremo no le ha impedido informarse, dentro de lo posible, a través de periódicos que le hacen llegar otros detenidos y también por el testimonio de sus parientes, del incremento feroz de la represión llevada a cabo por los militares, por los cuerpos de seguridad del Estado y por grupos paramilitares bien entrenados y fuertemente armados por los seguidores de Maduro y Cabello. El resumen de todo esto es aterrador: una veintena de muertos, centenares de civiles heridos por armas de fuego, jóvenes golpeados y presos sin fórmula de juicio y decenas de torturados física y psíquicamente.

En sus declaraciones a este diario, Lopez califica esos estallidos populares como “las expresiones desesperadas de un pueblo asfixiado y humillado” y detalla lo que se debe hacer para enderezar el rumbo del país: “Exigir justicia ante la represión y las muertes; que se recompongan los poderes públicos con la designación de nuevos magistrados del TSJ, rectores del CNE, contralor, fiscal y defensor; que la lucha no se limite a la calle y que a esta se incorporen otros sectores de la sociedad”.
Se trata de una larga lista de peticiones, pero no hay duda de que la necesidad de que el Poder Judicial sea renovado de pie a cabeza, empezando por los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, es un anhelo nacional, urgente e impostergable. El grado de impunidad que reina en el país y la sumisión del Poder Judicial a los deseos más disparatados del mandatario de turno no tienen parangón sino en ciertos países de África.

Valga un ejemplo, que si bien no está comprobado, ha corrido como un hecho cierto por las redes sociales sin que nadie haya salido a negarlo. Al parecer, la  jueza encargada de llevar el caso de Leopoldo López le confesó a una cercana amiga que estaba actuando bajo presiones del gobierno para ordenar al Servicio Bolivariano de Inteligencia la aprehensión de Leopoldo López, así como el allanamiento de su residencia.

Esta aseveración plantea dos inquietantes asuntos: por un lado, la falta de integridad de un juez que valora más su paga que la propia justicia; por otra, el control, numerosas veces denunciado, que sobre el Poder Judicial ejerce el Ejecutivo y que responde a esa visión chavista del Estado, inspirada en el castro-estalinismo, que desaparece la división de poderes, regla de oro de la democracia, como deleznable argucia pequeño burguesa.
Víctima de esa aberrante concepción de la justicia, la jueza María Lourdes Afiuni fue enjuiciada y encarcelada por órdenes de Hugo Chávez, a quien no le agradó una sentencia suya en el caso de un banquero. Con ello sentó jurisprudencia a partir de la cual un mandatario, desde un estudio de televisión, puede dictar sentencia sin que se haya iniciado un juicio. Desde luego, el señor Maduro se ha inspirado en ese precedente para encerrar al líder de Voluntad Popular.

Colocar los intereses personales por encima de las leyes, como supuestamente ha hecho la juez, no tiene más que dos explicaciones: o se trata simplemente de una juez venal y sin principios o su situación económica es tan desesperada que el gobierno puede chantajearla a placer. Lo más grave es que la orden de captura contra Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular, ha sido emitida por la misma señora.