• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Informantes

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Cuando se rastrea el papel que han tenido los informantes a lo largo de la historia, el resultado es sobrecogedor. Unos pocos ejemplos son suficientes. Entre 1934 y 1935, los años en que las tropas del Partido Comunista Chino protagonizaron lo que se conoce como la Gran Marcha, el método del informante determinaba quién resultaría asesinado y quién viviría: al llegar a pueblos y aldeas, sólo aquellos que denunciaban a sus vecinos no eran decapitados o fusilados.

No es posible la comprensión cabal del Holocausto, el programa de exterminio del pueblo judío en Europa organizado por Hitler y los nazis, simultáneo a la Segunda Guerra Mundial, sin tomar en cuenta la notable contribución que la delación aportó para la captura de los judíos que permanecían en escondites o que realizaban actividades de resistencia en campos y bosques.

En la arquitectura del poder comunista que se estructuró en la Unión Soviética, el informante resultó la piedra de toque que hizo posible instaurar un sistema de vigilancia y persecución sobre la sociedad, como posiblemente no se ha conocido otro en el siglo XX. No es exagerado afirmar que el informante o, mejor dicho, las redes de informantes, se constituyeron en un omnipresente factor en la vida cotidiana de ciudades grandes y pequeñas, tanto en la Unión Soviética como en las naciones de Europa ocupadas por la bota comunista.

Creados en Cuba en 1960, los Comités de Defensa de la Revolución son, en el marco de América Latina, los herederos y reinventores de la figura del informante, vecino dedicado a las tareas de observar e informar al poder de todo aquello que podría considerarse contrario al control político total de los ciudadanos. La presencia del informante en las comunidades tiene una consecuencia primordial: disemina la desconfianza, la hostilidad y el aislamiento entre unas personas y otras. Destruye la convivencia. Pero más profundo que eso, es que despoja, ciudadano a ciudadano, familia a familia, de las libertades esenciales. Los asuntos públicos dejan de hablarse o conversarse, para convertirse en materia de susurros.

Los ciudadanos deben recordar que en 2008 fue aprobada la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, conocida como la Ley Sapo, que fue derogada a las dos semanas, como consecuencia del masivo rechazo que la misma encontró en la opinión pública. Luego, en febrero de 2012, los parlamentarios del PSUV aprobaron lo que los expertos calificaron como una encubierta reedición de la Ley Sapo, Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiación del Terrorismo, que le confiere marco legal a la práctica de la delación.

Que la familia Castro gobierne a Cuba desde 1959 es fruto, entre otras cosas, de la articulada red de informantes que ha permitido neutralizar o liquidar a la disidencia. Ese mismo es el objetivo de la estructura de espionaje y delatores que el Gobierno de Cuba está intentando instalar en Venezuela: que le sirva al régimen madurista prolongarse en el poder durante un tiempo indefinido.