• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Infanticidio bolivariano

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“46 bebés murieron en el HCU por infecciones y escasez”. Este estremecedor titular encabezó el miércoles la primera plana de El Nacional. A un gobierno serio, que respete y se dé a respetar, una noticia tan terrible lo induciría a destituir o solicitar la renuncia de las más altas autoridades sanitarias; pero el nuestro perdió la seriedad y respetabilidad con el advenimiento de la revolución bonita, y el estado mayor de la salud, como gusta llamarlo Nicolás en su extravagante jerga castrense, ni siquiera se da por aludido.

La noticia también da cuenta del fallecimiento de una niña nacida prematuramente, el 4 de febrero –fecha aciaga y de ingrata recordación– en San Cristóbal, que apenas pudo sobrevivir 5 días, “por falta de un respirador y de surfactante pulmonar”, un hecho que ha movilizado a los médicos del Hospital Central de la capital andina para solicitar se investiguen las circunstancia de la muerte de 71 neonatos ocurridas en ese establecimiento asistencial en lo que va de año.

La lista de agravios originados por la negligencia oficial es espeluznante. La Federación Médica ha tomado cartas en el asunto y ha manifestado su pesar por la grave situación que atraviesa el sector ante la falta de fármacos, insumos y equipos que garanticen asistencia adecuada, no sólo a los infantes, sino a la población toda que, además de las humillantes colas que soporta para abastecerse con las pocas cosas que encuentra, deber rezar a José Gregorio Hernández y a todos los beatos, pastores, santos y milagrero para no ser presa de enfermedades que la obliguen a hospitalizarse.

Lo sucedido en el Hospital Universitario de Caracas no tiene nombre. Allí se ha aposentado la crisis y, a mediados del año pasado, el Servicio de Neonatología informaba a la Dirección que había sobrepasado su capacidad en 200%, e indicaba que la mortalidad de recién nacidos era alarmante. A través de ese informe, los periodistas se enteraron de que desde hace un tiempo no se practican autopsias, por lo que las causas de los decesos no se pudieron precisar con rigor científico.

Son tan abrumadoras las cifras proporcionadas por el personal médico y paramédico, que el lector, con justicia, podría preguntarse si la prevención es materia que el Estado estima innecesaria, sobre todo cuando las investigaciones con relación a esta negación del derecho a la vida son también asignaturas pendientes, pues el ministerio público ha dejado claro que al Ejecutivo no se le debe tocar siquiera con pétalos de rosas.

Los culpables directos de este mal que se agrava –los fallecimientos no cesan, se multiplican– son quienes administran y reparten, quedándose con superlativas tajadas, el tesoro nacional; la pandilla roja y verde oliva, con el jefecillo civil a la delantera, que ha dilapidado la mayor riqueza percibida por Venezuela en toda su historia y que debe ser procesada, juzgada y condenada por crímenes de lesa humanidad, porque no otra cosa es ese infanticidio continuado que merece llamarse Misión Herodes.