• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Incendio rojo

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Fueron quemados intencionalmente siete camiones compactadores de basura de la Alcaldía de Sucre. Carlos Ocariz, máxima autoridad del municipio, dijo que se trataba de ³una brutalidad². Tal vez hubiera querido decir ³barbarie², un vocablo que califica adecuadamente el delito perpetrado. El hecho es de una desmesura que remite a la escandalosa descomposición de valores a la que ha llegado la sociedad en los últimos tiempos, bajo el régimen ramplón cívico militar.

La guerra de la basura que compete a la Alcaldía de Sucre ha pasado por diferentes etapas. Se inició con protestas esporádicas en torno a la ineficaz gestión en la recolección de desperdicios, para llegar después a un episodio de mayor envergadura. Un grupo de dolientes, desconociendo el sabotaje continuado por varios años de la mayoría chavista en el concejo, presentó el caso ante el TSJ, cuyos magistrados llegaron a conminar al alcalde por considerarlo responsable de la ineficiencia que le adjudicaban.

Llamó la atención la elevación de un asunto municipal a la máxima instancia de la justicia, y la diligente respuesta de los jurisconsultos en beneficio de los rojitos que protestaban. Se pudo tratar el asunto en juzgados de menor proporción, más cercanos a las comunidades supuestamente perjudicadas y capaces de recibir los argumentos del ³acusado², pero desde abajo se llegó a la más alta cúspide sin esfuerzo ni demora.

Se dijo con razón que el tema no competía a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sino a los de más cercanas y accesibles medianías, pero todo fue de lo mínimo a lo máximo en un santiamén que no dejó de levantar sospechas.

¿Sospechas de qué? De una intención política, que buscaba la descalificación del alcalde a través de un proceso capaz de manchar su reputación de funcionario para aprovecharse de su descrédito. Ahora no se trata de llevar a la tintorería la ropa de un empleado público salpicada por el episodio, debido a que no es asunto que nos incumba como medio informativo, sino de invitar al análisis equilibrado de la situación. ¿Por qué?

Por el incendio intencional de siete camiones compactadores de basura que acaba de suceder. El delito contra la comunidad se cometió sin obstáculos, como si se tratara de arrojar un fósforo al cenicero de la manera más normal del mundo. Los incendiarios actuaron sin trabas, presuntamente aupados por los vapores del alcohol consumido en su francachela, sin tomar en cuenta el tamaño y el número de las unidades que destruyeron sin misericordia.

Nadie estuvo en capacidad de detener una tropelía contra una comunidad populosa que se ve envuelta en un enfrentamiento de grandes proporciones que escapa de sus manos. La basura es un problema general que se debe atender de acuerdo con el sentido común y en términos civilizados, sin llegar a extremos inconducentes. Tal vez nadie podía detener el delito, porque nadie podía imaginar los extremos de bárbaro desenfreno a los cuales puede llegar una pugna política.