• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Inamovilidad, impunidad

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En Venezuela se está produciendo ahora mismo un deterioro profundo de la cultura del trabajo. En la inmensa mayoría de los sectores productivos, en especial aquellos que tienen operaciones industriales, los indicadores de la productividad bajan año tras año. Hacer cada vez más lentas las operaciones en las líneas de producción; paralizar la actividad productiva, en la mayoría de los casos, por razones injustificadas; bloquear los accesos a empresas durante días y días; robar insumos y mercancías que son propiedad de la empresa para la que se trabaja; negarse a cumplir con las rutinas imprescindibles como horarios, respecto a las medidas de higiene y seguridad; negarse a cumplir con metas razonables de producción de productos esenciales para la familia: todas estas son apenas algunas de las prácticas que han permeado en los centros de trabajo.

¿Qué hace el Estado venezolano frente a esta realidad? ¿Cuál es la respuesta que la primera autoridad competente del tema, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, pone en acción ante estos hechos? Ninguna o casi ninguna. Hacerse la vista gorda, presos de la más precaria mentalidad que consiste en creer que obligar a sindicalistas y a trabajadores a cumplir la ley, a honrar la parte que les corresponde en el contrato de trabajo, es antipopular o inconveniente por razones políticas. Pero las cosas no terminan aquí: personas que, deformando el necesario principio de fuero sindical o el sagrado derecho a la protesta, cometen delitos, violaciones abiertas de las leyes, no reciben castigo alguno. Declararse sindicalista o trabajador que apoya al régimen equivale a adquirir un certificado de impunidad. Y si esta afirmación parece excesiva, que las autoridades expliquen cuáles son las medidas que han tomado contra quienes violan las leyes bajo la cubierta de defender los derechos de los trabajadores.

El problema planteado en este editorial es de enorme complejidad. No se discute, entre otras razones, porque las empresas tienen miedo. Temen a la reacción del gobierno represor. Pero ocurre que este estado de cosas tiene, entre muchas otras, dos consecuencias terribles: por una parte, la pérdida de vidas por las luchas entre mafias sindicales. La otra se refiere al incremento de los costos de producción en Venezuela, que a fin de cuentas paga el consumidor. Y es que la inamovilidad laboral es algo más que un mecanismo para proteger el derecho al trabajo. Si esa fuese su contribución, sería indiscutible. Pero se trata de otra cosa: es la expresión de una mentalidad que no entiende el beneficio que el trabajo produce a las personas y a la sociedad. Es la añadidura a una tendencia en boga, la de promover unos sujetos cuyos derechos se multiplican y tienen cada vez menos deberes y responsabilidades. Porque la inamovilidad laboral, con todos los perversos usos que ha generado, tiene un resultado: el crecimiento de la cultura de la impunidad en Venezuela.