• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Gobierno amurallado

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Cuanto más se empeña el presidente Chávez en aislarse de cualquier escrutinio, regulación o control internacional, más visibilidad adquieren los abusos e irresponsabilidades de su gobierno, ante los venezolanos y el resto del mundo.

Así ha sido y sigue siendo, como puede confirmarse al examinar la lista de propuestas y decisiones inconsultas e injustificables que se han acumulado hasta llegar a la más perversa de todas: la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Detengámonos en parte de la larga lista de abandonos, denuncias, incumplimientos y pretextos de soberanía con que la revolución bolivariana ha dado la espalda no sólo a obligaciones internacionales, sino, primera y principalmente, a sus responsabilidades con el país.

Sin consulta ni consideración de los intereses nacionales, abandonó desde las primeras semanas de su mandato la institucionalidad que nos protegía del desbordamiento del conflicto colombiano y contribuía sin dobleces a resolverlo. De la misma manera se retiró de la Comunidad Andina y el Grupo de los Tres. Mientras tanto, arreciaba la campaña para ingresar en el Mercosur y refundarlo o, como finalmente hizo, burlar los protocolos propios de ese acuerdo en materia de democracia, derechos humanos, seguridad, régimen laboral y de consultas.

Así también, desde la obsesión antiimperialista exterior y militarista interior, se separó de los consensos hemisféricos y regionales de cooperación en seguridad. Y si nos detenemos en la recurrente negación de la OEA y en los afanes para impulsar foros sin Estados Unidos, como la Unión de Naciones Suramericanas o la aún más frágil Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es terrible lo que se revela de la política bolivariana, exterior e interior. Por una parte, el aliento venezolano a la aprobación de protocolos que, desvirtuando los términos de la Carta Democrática Interamericana, hacen de la legitimación electoral una patente de corso; por la otra, para cerrar el círculo del ahogo, se promueve el abandono de la observación electoral integral.

En ese cuadro se produce ahora la tantas veces anunciada denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, precedida por el reiterado desacato a las sentencias de la Corte IDH y el irrespeto a sus magistrados. En el caso de la Comisión, a la descalificación de sus informes se suma el apoyo a las reformas que debilitarían su funcionamiento, entre otros aspectos, en cuanto a la relatoría sobre libertad de expresión y respecto a medidas cautelares como las dictadas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.

El gobierno de la revolución bolivariana se ha dedicado por años a construir una gran muralla para protegerse y perpetuarse, pero hay grietas cada vez más grandes en su intento. La más grande es la que confirma el total desprecio por la seguridad, prosperidad y dignidad de su propio país. ¿Qué queda para los demás?