• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Gato por liebre

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Sin justificación alguna –y con la excusa de que era necesario elaborar un conjunto de leyes para afrontar la inseguridad, la corrupción y, sobre todo, el estancamiento económico–, una mayoría parlamentaria precaria, circunstancial y servil le otorgó a Maduro poderes espaciales para que dictara, durante un año, las normas requeridas para tal fin; sin embargo, entre una cadena y otra, el tiempo, como agua, se le escurrió entre los dedos al hijo del resplandor eterno y, a última hora, quiso remendar el capote decretando apresurada, inconsulta y temerariamente un paquete de adefesios con rango, valor y fuerza de leyes orgánicas que quebranta la constitucionalidad de la República.

Alarma, preocupación e indignación ha causado la conducta del Ejecutivo que, aunque dispuso de 365 días para consultar con diversos sectores la viabilidad, pertinencia y justeza de esas leyes, las definió unilateralmente y las aprobó porque sí, en un acto absolutista, propio de césares y caudillos. Ante tal atropello, autorizadas voces han hecho sentir su disenso, criticando, en primer lugar, la irresponsabilidad de los asambleístas que cedieron alegremente su potestad a un sujeto que, en el momento de recibir los superpoderes, había sido irregularmente proclamado presidente, sobre la base de una mayoría dudosa y no ratificada por un reconteo fiable.

Cuando se debatía la pertinencia de la habilitación, los diputados de la unidad cuestionaron que el Parlamento “cesara en sus funciones de hacer leyes”, temiendo “que los instrumentos jurídicos sirvieran para perseguir a adversarios políticos”; y, de hecho, el objeto del recelo opositor quedó plasmado en una legislación que sólo espera su publicación en la Gaceta Oficial para validar el acoso y a persecución de quienes disientan del gobierno. Control Ciudadano ha emplazado al Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a su Sala Constitucional, para que la declare nula, “total o parcialmente”, pues, considera que la misma viola garantías ciudadanas inalienables –igualdad ante la ley, integridad personal, física, psíquica y moral; debido proceso y derecho a la información– que ni siquiera en estado de guerra son susceptibles de ser suspendidas.

Con el falaz argumento de una “guerra económica” que parece librarse en sus cabezas, los jurisconsultos rojos de ocasión se apañaron para “poner en vigor un estado de excepción permanente”, sin fundamento alguno, y – más grave – sin observar los protocolos contemplados en el articulado del capítulo VIII de la Constitución, referente su protección.

Días atrás afirmamos en uno de nuestros editoriales que había mucho más ruido que nueces en los resultados del especial empoderamiento conferido a Maduro; las nueces siguen sin prodigarse y el ruido se ha convertido en estruendo porque, como su antecesor –que se hizo de una habilitante para violar hasta la saciedad a la que decía era la mejor constitución del mundo–, el adelantado a dedo ha querido vacilarnos y, con su cara de yo no fui y sin asomo de escrúpulos, meternos gato por liebre.