• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Expediente ciego

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La vida no fue color de rosas para Edwin Omar Sulbarán Molinares. A los 19 años de edad perdió la vista. Ocurrió, recuerdan sus familiares, como si fuese ayer, hace cuatro años. Celebraban en su casa de la calle Mérida de Carapita el cumpleaños del padre. Una reunión que quisieron compartir, a juro, tres matones del barrio. Como se les suplicó que no molestaran, dispararon sus escopetas sin miramientos contra los que allí festejaban; mataron a dos personas e hiriendo a otras siete, entre ellas a Edwin Omar, quien, a consecuencia de los perdigonazos que le dieron de lleno en el rostro, quedó ciego. Pero vivo. Aunque no por mucho tiempo.

El lunes 25 de julio, mientras la capital celebraba un año más de su fundación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Caricuao, en número de cuarenta, irrumpieron en la modesta vivienda de los Sulbarán. Eran las 10 de la mañana. Como en un western spaghetti o una película de gángsteres serie B, hicieron su triunfal aparición derribando puertas e imponiendo su transitorio dominio a plomo limpio, en una orgía de sangre y pólvora.

Sin que mediaran explicaciones, sacaron a las calle a mujeres desnudas o a medio vestir y mataron al joven invidente. Si la delincuencia lo privó de la vista, quienes están supuestos a protegernos le privaron del resto de los sentidos. Tal vez se regodearon con crueles comentarios sobre su incapacidad y lo sentenciaron con algún lapidario chascarrillo sobre su condición.

Quizá un listillo del Ministerio Público, con apoyo de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, sustanciará un expediente para justificar el infame homicidio cometido, paradójicamente, al margen y en nombre de la ley: un expediente forjado para probar que el caído era miembro de alguna siniestra secta que, amparada en las sombras, planeaba quién sabe qué contra quién sabe cuál. Un pálido recuerdo del “Informe sobre ciegos” que incluyó Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas –si tres policías disparan sobre un ciego, como en este caso, es porque se le teme–, acaso para burlarse de Borges.

Nada de héroes, bastante de tumbas en su conciencia tienen esos polizontes que, disfrazados de Robocop, desalojan a familias enteras de sus hogares, cuando no los destruyen, y detienen sin razón ni explicación a centenares de inocentes; de tumbas mucho saben, ¡claro que sí! Y, aunque los hechos aquí comentados acontecen en el marco de razzias fascistoides amparadas en una pomposa Operación de Liberación del Pueblo, cuyas siglas –OLP– pretenden  impregnarla de la heroicidad que los rojos atribuyen a la guerrilla palestina, no dejan de ser flagrantes violaciones a prerrogativas ciudadanas consagradas en nuestra carta magna.

No hay diferencias sustantivas entre el delincuente objeto de las OLP y los agentes a cargo de las mismas. Simple cuestión de afiliación; los procederes son idénticos. Como muestra, el testimonio de la señora Paola Molinares, madre de la víctima, quien afirmó que los agentes del Cicpc robaron joyas, dinero, perfumes y hasta un televisor. ¿Había que matar a quien no podía ver lo que acontecía para consumar tales fechorías?