• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Escándalos y moralejas

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En menos de una semana se acumulan tres situaciones muy incómodas para el presidente Obama en temas tan delicados como seguridad y libertad de expresión, transparencia y eficiencia del gobierno.

El primer caso se mantiene en agenda por la insistencia de los republicanos en responsabilizar al Presidente y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton por desinformación y encubrimiento de la naturaleza terrorista del ataque al consulado en Bengazi. Ahora la Casa Blanca ha hecho públicos cien correos electrónicos intercambiados con el Departamento de Estado, el FBI y la CIA en septiembre del año pasado. Así se ha precisado que primero la CIA y luego el Departamento de Estado aconsejaron no incluir referencias a la red Al Qaeda.

Tanto o más incómodo para Obama y su equipo ha sido el resultado de la auditoría que confirmó prácticas fiscales discriminatorias contra grupos políticamente conservadores y críticos del Gobierno, noticia seguida por exigencias republicanas de una respuesta precisa de condena y destituciones.

La respuesta del Presidente fue inmediata: "Si de verdad el personal de Hacienda participó en el tipo de prácticas de las que se ha informado y de verdad tenían entre sus objetivos a grupos conservadores, eso es algo indignante e inaceptable". También se comprometió a colaborar en las investigaciones y encargó al secretario del Tesoro de tomar medidas correctivas inmediatas. El fiscal general ordenó la investigación para determinar las responsabilidades ante la ley.

Luego está el delicadísimo tema del espionaje telefónico a la agencia Associated Press. La propia agencia lo ha hecho público tras ser informada de los registros telefónicos de sus oficinas y periodistas, entre abril y mayo de 2012 por funcionarios del Departamento de Justicia. Se trata de la búsqueda de filtraciones sobre actividades antiterroristas que a mediados del año pasado trascendieron a la prensa y provocaron la exigencia republicana de investigación.

La respuesta presidencial ha sido, por una parte, que no le corresponde involucrarse ni excusarse por investigaciones del poder judicial, por la otra, que se propone replantear el proyecto de ley que establece el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes.

El tratamiento de tres asuntos escandalosos -sin sumarles el muy tosco de la detención y expulsión de un diplomático de Estados Unidos en Rusia por presuntas actividades de espionaje- refleja el complicado ejercicio de conjugar democráticamente seguridad, libertades, transparencia y eficiencia.

La clave para armonizarlas no está en las virtudes y defectos del Presidente, su equipo, su partido, la oposición republicana o los agraviados. La cuestión de fondo es que la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión y el respeto al pluralismo permiten limitar la arbitrariedad, privilegiar la institucionalidad y lidiar respetuosamente con la crítica.