• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Educación especial

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El año de 1975 comenzó un proceso de gran significación: la Organización de Naciones Unidas formuló el documento titulado “Declaración de los derechos de las personas con discapacidad”, en el que se incluía el derecho a la Educación Especial o Educación Diferenciada, como también se le llama en algunos países. En la Asamblea del 13 de diciembre de 2006, el texto fue aprobado. El mismo entró en vigencia en mayo de 2008. Venezuela no aparece en la lista de los países que han firmado y ratificado el pacto a favor de las personas con discapacidad.

El artículo 81 de la Constitución garantiza a las personas con alguna discapacidad el cumplimiento por parte del Estado del objetivo de formar a todas las personas sin excepción. El artículo 102 reconoce que la educación es un derecho humano y un deber en cuanto a su gratuidad. Uno de los párrafos finales del artículo 103, dice: “La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad (….) para su incorporación y permanencia en el sistema educativo”.

Todo lo anterior suma argumentos insoslayables que permiten afirmar, que también a las personas con necesidades especiales se les están violando sus derechos. Y que todas las decisiones que han tomado los señores Chávez y Maduro, fundamentadas en la supuesta escasez de recursos económicos, es violatoria de la Constitución Nacional.

En todo esto hay, sobre todo, una amoralidad de carácter estructural. Extendida. Que no conoce límites. Y que no titubea, ni siquiera ante los padecimientos que las personas con necesidades especiales y sus familias pueden sufrir cada vez que, en vez de aumentar, disminuyen las responsabilidades del Estado con respecto a ese específico sector de la sociedad venezolana.

Y hablamos aquí de amoralidad, porque mucho de lo que está ocurriendo es el fruto de una decisión que se tomó antes de las elecciones de octubre de 2012, y que Jorge Giordani ha consignado en su carta abierta: “En este camino del proceso bolivariano era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la sostenibilidad de la trasformación económica y social”.

En otras palabras, gastar hasta el último centavo con tal de ganar las elecciones, así la consecuencia haya sido y sea la de ocasionar incalculables humillaciones al pueblo venezolano, que no consigue ni los medicamentos ni los alimentos que necesita para vivir, y que cada día lleva una vida que se asemeja más a la precariedad de la cotidianidad cubana.