• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Drogas

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Volvemos al tema de ayer. Da la impresión de que los barones del narcotráfico auspician la disputa que se prolonga en el tiempo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela por el complejo y dañino asunto de las drogas. No hay, al parecer, manera de que por encima de las diferencias políticas artificiales o no que mantienen los dos países éstas sean apartadas para acordarse sobre un tema específico que daña, como en el caso de las drogas, a las respectivas sociedades. O sea, a los pueblos.

Ni siquiera en el nombre de los pueblos se superan las discrepancias que, como es más que evidente, en este caso son bastante artificiales y artificiosas. Venezuela, ya lo sabemos, no acepta que ninguna entidad internacional o extranjera sea capaz de hacerle señalamientos sobre sus políticas. El gobierno del comandante Chávez quisiera que todos los gobiernos fueran como el de la señora Cristina Kirchner. O los de Carlos Correa y Evo Morales. Entre tanto, los problemas se agravan. Esto sucede con el narcotráfico.

Volvió como todos los años el reporte de Estados Unidos sobre la droga, y se repiten una vez más las observaciones sobre el auge del narcotráfico en Venezuela y la consabida “falta de cooperación” del gobierno de Chávez. Y como si todo estuviera previsto, la réplica airada del Ministerio de Relaciones Exteriores “contra el imperio”. Una copia del comunicado del año anterior. Otro año perdido, otro año ganado por el narcotráfico y los barones del infame negocio. ¿Hasta cuándo resistirán las sociedades esta mediocridad de la política que le hace el juego a lo peor de la época actual? Preguntamos si hay algo peor que el tráfico de drogas y que las drogas, cuyo uso prolifera entre los jóvenes. ¿No es una irresponsabilidad condenarlos al vicio?

Paralelamente surgen en Venezuela las noticias sobre el incremento del negocio. El Nacional tituló el domingo 16 de septiembre un reportaje de esta manera: “Denuncian que narcotráfico controla a militares, políticos y tribunales”. El cartel se ha apoderado de la estratégica y semiabandonada región de Delta Amacuro, en el Orinoco. Estratégica, en efecto, porque propicia el tráfico aéreo y marítimo, o por el río. La gobernadora Lizeta Hernández atribuye, dice este diario, el auge del negocio a la “sociedad de cómplices”. Los jueces están bajo la sombra del Cartel de los Soles. Un cartel todopoderoso y ubicuo. Este reportaje y sus aportes dejan pálido el informe de Estados Unidos que tanta indignación suscitó en el gobierno bolivariano. Según un oficial de la Fuerza Armada, el Delta es un laberinto geográfico de 3.622 caños navegables y habitables.

El delito se ha apoderado de la zona. La propia gobernadora padece una situación insólita. Su padre está aún secuestrado, y se entiende que son las mafias carcelarias vinculadas con el crimen organizado las responsables. Esto ilustra la catástrofe de la seguridad en el Delta. El narcotráfico, en una palabra, no es un asunto para disputas retóricas entre países.