• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Doloroso informe

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La misión del Instituto de Altos Estudios Europeos que participó como acompañante (invitada especialmente por el CNE y por el Alto Gobierno, y no por la oposición) durante las recientes elecciones en Venezuela, presentó un informe impecable que resume con amplia transparencia, honesto equilibrio y total precisión lo que la mayoría de los venezolanos pudimos percibir durante el proceso electoral que llevó a Maduro a la presidencia mediante innumerables abusos, ventajismo descarado y uso apabullante de los medios públicos.

Este informe confidencial y que ahora se hace público gracias a la prensa, adquiere política e históricamente un carácter de prueba irrefutable en el ámbito nacional e internacional porque quienes lo redactan son invitados especiales del Gobierno y de la inefable señora Lucena, y por elemental cortesía estos observadores no pueden ser desmentidos ni insultados sin caer en el ridículo más grande. Y es que, como diría el difunto “no hay mejor cuña que la del mismo palo”.

Desnudan los observadores la triste tragedia que hemos vivido en los meses posteriores a la desaparición de Chávez, y el cúmulo de triquiñuelas institucionales a que fue sometido el país para garantizar la continuidad del régimen chavista con Maduro a la cabeza.

Es vergonzante que mientras los propios venezolanos estamos incapacitados para obligar a que nuestras autoridades electorales y el TSJ se comporten con honorabilidad y ajustados a nuestros preceptos constitucionales, tengan que venir acuciosos observadores de otras latitudes para desenmascarar ante la opinión publica nacional e internacional la serie de violaciones a la normativa electoral cometidas por el Gobierno y el CNE.

La sensación colectiva, que incluye a muchos de aquellos que votaron a favor del Gobierno, es que las instituciones del Estado abusaron descaradamente de su poder para garantizar la permanencia del chavismo. Queda con ello demostrado que aquí no existe Estado de Derecho, sino inseguridad jurídica e irrespeto por la voluntad del electorado.

Con toda razón denuncia el IAEE la actuación del CNE, que al negarse a hacer una auditoría completa demuestra la poca transparencia de su actuación como garante de un proceso de tamaña importancia.

El informe relata violaciones tales como la presión que se ejerció sobre funcionarios públicos para que sufragaran por el candidato oficialista, se impidió el derecho al voto miles de ciudadanos en el exterior, se permitió el porte de armas y acompañantes de oficio para asistir a votantes, se prohibió el voto a discapacitados, además de casos como los de un diputado oficialista que supuestamente se presentó con un puñado de cédulas de identidad para que indigentes pudiesen “ejercer” el sufragio.

Este extenso informe deja un sabor amargo y la certeza de que fuimos sometidos a una estafa electoral.