• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Diálogo y masacre

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Mientras el país trata de salir de su asombro ante el monstruoso hecho ocurrido en Barlovento donde, para desgracia de nuestra Fuerza Armada, un grupo de oficiales y soldados apresaron, torturaron y luego dieron muerte a una docena de ciudadanos desarmados y luego los enterraron en fosas comunes, los voceros del PSUV se hacen los locos y se niegan a condenar la matanza.

Algunos de los cuerpos de las víctimas fueron desmembrados, tal como valientemente denunció la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cumpliendo con su deber y con lo que dicta la ley y ordena nuestra carta magna.

Por su parte, Tarek William Saab, defensor del pueblo, no ha podido eludir su responsabilidad ante tamaña arbitrariedad y ha dado una serie de declaraciones a la prensa sobre las dimensiones reales de la masacre cometida. Esto es muy importante porque solo en la medida en que desde estos dos organismos se revelen los hechos acaecidos, en esa misma dimensión la opinión pública percibe que se está encarando la investigación con la rigurosidad que exige un hecho tan cruel y sangriento.

Las informaciones que se han dado a la prensa nacional y a las agencias internacionales (AFP y EFE, etcétera) han estremecido a la opinión pública porque constituyen una violenta y demoledora ruptura de los derechos humanos. Nadie puede ocultar este tipo de crimen de lesa humanidad y menos que nada proteger a sus principales protagonistas, así como también a sus autores intelectuales, que los hay sin duda alguna.

El defensor del pueblo comunicó ayer (de acuerdo con AFP) que lamentaba informar "que, entre lunes y miércoles, había recibido nuevas denuncias de desapariciones". Aclaró que se trataba de "cinco hombres cuyas edades oscilan entre 22 y 37 años, detenidos a mediados de octubre en varios lugares de Barlovento. No descartamos que se den nuevas detenciones de efectivos militares, y que a estos cinco desparecidos pudieran sumarse otros".

El defensor del pueblo solicitó a la jueza que lleva el caso que diligenciara los interrogatorios pertinentes de aquellos militares que ya están presos por la masacre y que les exigiera informaciones precisas "sobre el paradero de los desaparecidos", y reclamó "la máxima pena como castigo".

Mientras estos hechos avanzan demoledoramente contra la denominada Operación de Liberación del Pueblo ordenada por el presidente Maduro e implementada por los generales Padrino y Reverol, ministros de la Defensa y del Interior, Justicia y Paz; el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, cuyo padre fue asesinado violentamente por los cuerpos de seguridad Estado, se hace el desentendido ante esta masacre y se explaya alegremente sobre los problemas del "diálogo" y la MUD.

Rodríguez debería, por lo menos, desde su posición cómoda, lujosa y privilegiada, hacer pública su solidaridad con las víctimas y con sus familiares, en vez de estar esparciendo veneno y cizaña entre los venezolanos. Ojalá recuerde que toda Venezuela condenó la muerte violenta de su padre. ¿O es que no le importa la suerte de 12 campesinos y trabajadores de Barlovento?