• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Des-medidas económicas

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La arbitrariedad y la represión parecen ser las únicas vías que se le ocurren al gobierno para enfrentar la crisis económica a la que nos han conducido sus desvaríos anteriores. Ante una inflación que según Maduro superará 80% anual, y que los analistas más serios calculan cercana a 200%, la respuesta que ofrecen las autoridades es aumentar los controles de precios y las penalidades.

“Todos los precios serán fijados por el presidente de la república”, advierte el vicepresidente y jefe del comando nacional de precios justos, sin reparar en que ha sido precisamente el establecimiento de precios absurdos lo que ha provocado la escasez, la falta de producción y la aparición de mercados paralelos donde se cotizan los bienes desaparecidos en montos muy superiores a los oficiales.

Las interminables colas, el número de cédula y el registro de las huellas digitales que atormentan a los consumidores, así como las multas, las inspecciones y las expropiaciones con las que se castiga a los productores no han podido detener la subida de los precios y la desaparición de bienes esenciales.

La respuesta de Maduro es “más de lo mismo”. Según él, la Ley de Precios Justos fue “penetrada” y “pulverizada”. Pero no llega a admitir que fue muy mal concebida. Y sólo se le ocurre aumentar las fiscalizaciones y las penalidades, además de reservarse la potestad de fijar los precios a mercancías que no existen. Así se dificulta aún más la producción, distribución e importación de los bienes desaparecidos y se estimula una especulación que no ha podido detener la represión ni los estados de excepción.

El incremento de los controles y la arbitrariedad dará lugar a un crecimiento de la burocracia y la corrupción. Son innumerables los episodios que narran los consumidores a las puertas de supermercados, abastos y farmacias, ante los escandalosos precios que deben pagar por los productos de primera necesidad, por no hablar de la falta de medicinas que pone en riesgo la salud y la vida.

La creación de un comando de precios justos resulta tan ineficiente como las OLP para detener la inseguridad y combatir el delito. La inspecciones, el aumento de multas y las confiscaciones, que comenzarán la próxima semana, no servirán para aumentar la producción y oferta de bienes y servicios. Mientras Maduro (y quizás el pajarito) calculan los precios justos, las necesidades de los ciudadanos les obligan a hacer maromas para evitar el hambre.

Con los productos de la canasta básica ocurrirá lo mismo que con la tasa de cambio del bolívar. Mientras Maduro dice que su “precio justo” es de 6,30 bolívares por dólar, nadie consigue divisas a ese precio ni en las otras instancias que ha inventado el gobierno, porque la política monetaria y cambiaria también ha sido “penetrada” y “pulverizada”.

Maduro aduce que todo se debe a una guerra económica y proclama que debe responderse con comandos y gritos de batalla. No quiere darse cuenta de que es la irracionalidad de sus políticas la que nos ha conducido a donde estamos.