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EDITORIAL

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La luz agoniza

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La luz agoniza

 “Si en los próximos días no llueve en las cabeceras del Guri se tendrían que apagar las turbinas de este sistema hidroeléctrico que suministra energía a gran parte de Venezuela, incluyendo al estado Lara”. Esto fue, en parte, lo que declaró el ingeniero eléctrico Luis Vásquez Corro al diario El Impulso de Barquisimeto el 17 de abril.

No les gustó a las autoridades que un profesional con conocimiento de causa se preocupase por la alarmante situación del embalse guayanés y sus repercusiones en el suministro de energía, pues no habían transcurrido 24 horas de haberse difundido sus declaraciones, cuando su vehículo fue interceptado por una unidad del Sebin. Con los consabidos modales hollywoodenses, los agentes requirieron sus papeles y le hicieron saber que debía acompañarles a la sede del cuerpo, en razón de “una denuncia que había hecho un grupo de personas que se sintieron asustadas por lo que dijo”.

Después de pasar el fin de semana abusivamente recluido por opinar –haciendo uso del derecho que consagra el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela–, sobre un tema que conoce a fondo, Vásquez Corro fue imputado por el crimen de “difusión de falsas noticias” estipulado en el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal y dejado en libertad bajo un régimen que le exige presentarse cada vez que al tribunal que lleva el caso le venga en gana.

Pende sin motivo sobre otro venezolano la espada de Damocles de la incertidumbre y la injusticia; tal vez poco importe que el vice Arreaza, en compañía del ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón (un señor que ha debido renunciar cuando se cumplió el plazo que él mismo fijó para superar las deficiencias del sector), haya informado que “debido a las altas temperaturas en el país y al aumento de la demanda, se aplicará un plan de consumo racional de electricidad”, un plan que contempla el ajuste de la jornada laboral a 6 horas diarias para la burocracia, lo que, al parecer, estaría en conflicto con el artículo 141 de la carta magna, ya que acortaría los horarios de atención al ciudadano por parte de la administración pública.

La decisión revela que el ingeniero arbitrariamente penalizado estaba en lo cierto, que sus afirmaciones eran fundadas, que, sí, la cota del Guri está descendiendo aceleradamente “y el gobierno no ha tenido la voluntad de tomar las previsiones de reparar todas las plantas termoeléctricas del país para activarlas en cualquier emergencia, lo que significa que están fuera de servicio unos 5.000 megavatios”. Alguien tendría que excusarse por los atropellos en su contra.

En esta oportunidad no han aparecido traviesas iguanas ni murciélagos juguetones a quienes atribuir las fallas e insuficiencias en la generación y distribución de hidroelectricidad. No, la responsabilidad es de un gobierno que, a falta (por ahora) de chivos expiatorios, culpa al termómetro de su chapucería: ¡Uf, qué calor… se fue la luz!