• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Controlar los medios

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La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa llegó a Buenos Aires poco antes de que una decisión judicial detuviera la cuenta regresiva para la aplicación de la ley que limita el número de licencias y cuotas de mercado que pueden tener los medios privados en Argentina. Ha hecho bien la SIP al precisar que su propósito no es defender al Grupo Clarín, sino evaluar si en Argentina está en juego la libertad de expresión. De eso se trata.

Es conocida la historia de la cercanía y ruptura de los Kirchner con Clarín, el único de los grupos afectados que demandó la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Medios. La presidente Cristina Kirchner, presionando fuertemente al poder judicial, ya había anunciado que sólo daría un paso atrás, si acaso, para "tomar envión y saltar más fuerte".

Su gobierno ha colocado a Clarín en el centro de una campaña orientada a desconcentrar el sector de comunicaciones y ponerlo al servicio de la democracia, la libertad y la participación. El problema de fondo es que a la sombra de esa retórica se descubren decisiones y políticas dirigidas a concentrar el control oficial sobre la información, los medios y la opinión.

Esa intención de dejar espacio para un solo discurso no solo está presente en Argentina. En aquellas mismas latitudes, esta semana, la Universidad de La Plata entregó el premio Rodolfo Walsh al presidente Rafael Correa "por brindar herramientas para la toma de la palabra y la construcción del propio relato de los sectores pobres y marginados de la sociedad". Hugo Chávez y Evo Morales lo recibieron antes.

Cambiando lo cambiante, en esos tres casos y en el de Cristina Kirchner quienes construyen el relato de antes, ahora y lo que va a venir son los presidentes que aspiran a continuar en el poder por largo tiempo.

La utilización de cadenas, las trabas al acceso a la información, la descalificación del trabajo periodístico, la aprobación de leyes que condicionan la libertad de expresión, la incorporación de delitos de opinión, la presión a los medios a través del manejo de la publicidad institucional, las amenazas y la impunidad en los casos de agresiones a periodistas y medios, el estímulo a la autocensura y los incentivos a la multiplicación de medios encadenados al discurso único, son prácticas que en nombre de la democracia, la libertad y la participación arremeten contra ellas y niegan la transparencia.

Es lo que en Venezuela se propone como "hegemonía comunicacional", que debería remover la conciencia de quienes dicen sentir aún las heridas propias y ajenas de los regímenes represivos.

A ello apunta un nuevo recordatorio de la presidenta Dilma Rousseff en una conferencia sobre corrupción: "Incluso cuando puedan existir exageraciones, y nosotros sabemos que existen en todas las áreas, y existen en esta específica de la información, es siempre preferible el ruido de la prensa al ruido de tumba de las dictaduras".