• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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El Congreso de EE UU

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Mientras discutía las sanciones para un grupo de funcionarios venezolanos, el Senado de Estados Unidos se ocupaba de examinar documentos de la administración Bush. En los dos casos trataba asuntos de derechos humanos. El comentario de los dos negocios permite una opinión equilibrada en torno a cómo se manejaron en Washington sobre el aspecto que atañe a Venezuela y sobre las reacciones del régimen bolivariano.

Seguramente el tratamiento del asunto relacionado con Bush conduzca a respuestas adecuadas. Después de la lectura de documentos de la CIA y de otros servicios de inteligencia, los senadores llegaron a conclusiones alarmantes: en Guantánamo se practicaron torturas a los prisioneros de origen islámico detenidos en sus ergástulos, procedimientos inhumanos que no escaparon al conocimiento del entonces presidente George Bush y sobre los cuales se debe tomar una determinación.

Los senadores pudieron callar ante los delitos denunciados por las páginas que leían, especialmente en una Cámara controlada por políticos de procedencia republicana; es decir, partidarios del hombre en cuyos hombros podía caer el peso de la culpa, pero resolvieron ventilar la espinosa materia en sesión ordinaria para después entregar los materiales de la discusión al conocimiento de la opinión pública, para que procediera después el organismo competente. El presidente Obama y toda la ciudadanía, pero también los jueces, se enteraron formalmente de los pavorosos suplicios de Guantánamo debido a una decisión de los representantes de los estados de la unión.

Esos mismos representantes conocieron denuncias sobre conductas ilegales de funcionarios venezolanos, también relacionadas con la violación de derechos humanos y con el tráfico de estupefacientes, y decidieron procurar sanciones aplicables en su territorio, como la congelación de cuentas bancarias y la captura de quienes se aventuren a visitarlos. Si pasan por jurisdicción nacional pueden ser encarcelados y sometidos a juicio. La decisión no permite la aplicación de sanciones en un país distinto de Estados Unidos, ni medidas extraordinarias contra los funcionarios a quienes se considera sospechosos de cometer delitos de envergadura.

Así como los congresistas no se apresuraron en condenar a Bush, sino solo en denunciar sus tropelías, tampoco toman una postura generalizada sobre Venezuela como nación soberana, y ni siquiera sobre el gobierno bolivariano en su conjunto. En el primer caso se detienen en una alarma capaz de conducir a juicios posteriores, y en el que nos incumbe apenas pretenden justicia para un grupo de supuestos delincuentes, si Obama convierte en ley lo que es, en principio, un deseo del Capitolio Federal.

El presidente Maduro y los voceros del oficialismo saben que es así, pero manipulan los hechos para que se vean como una agresión del imperialismo contra Venezuela entera. Ni siquiera el expresidente Bush, quien no es un estadista de perspicacia sobresaliente, se atrevería a hablar de conspiraciones malignas en el destape de Guantánamo.