• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Colapso económico

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Tal como anticipamos en estas páginas, el alza de los precios durante diciembre pasado echó por tierra todos los pronósticos optimistas de los voceros oficiales. En efecto, en el último mes de 2012 la inflación fue de 3,5%, más del doble de cualquiera de la registrada en los diez primeros meses del año. Le faltó poco, en verdad, para duplicar la correspondiente a diciembre del viejísimo 2001 (1,8%).

Este comportamiento desmiente los augurios oficiales de una recuperación sostenida y, de paso, se refleja en las cifras anuales de alza de precios, las cuales terminaron, según el Banco Central de Venezuela, en 20,1%.

Los datos confirmaron lo que la población ya había palpado en su diario trajinar: la inflación se mantiene viva y amenaza con infligir daños aun más profundos en la capacidad de compra y de supervivencia de los venezolanos.

También se hace cada vez más patente para los consumidores la falta de abastecimiento de productos básicos, particularmente en los alimentos que integran el grueso del presupuesto de las familias más necesitadas.

Ambos fenómenos están relacionados. Si un producto no se consigue, inevitablemente cuando aparezca aumentará su precio, a pesar de todos los controles legales y policiales que puedan concebirse.

Y si se pretende abastecer el mercado con importaciones subsidiadas, como se ha hecho hasta ahora, se dañará la producción nacional, lo que a su vez estimulará un aumento de precios o provocará escasez cuando se agote la capacidad de importar. Eso parece estar sucediendo actualmente, como muestra la incapacidad de nuestros puertos para movilizar la carga que les llega.

La inflación y la escasez no sólo están relacionadas entre sí, sino que tienen una causa común: las disparatadas políticas económicas del Gobierno nacional. Con el objeto de no debilitar la popularidad del régimen, desde por lo menos el año 2004 se ha mantenido una tasa de cambio cada vez más sobrevaluada.

De esta manera se disimula (o reprime) la inflación pero no se elimina la fuerza que atiza el alza de los precios.

Los elevados ingresos petroleros han permitido que esta ficción subsista, pero su utilización dispendiosa ha significado que no se inviertan en el desarrollo productivo. Aun con esos ingresos, la capacidad de gasto ha llegado a un límite, el cual se traspasó por motivos electorales, y se ha tenido que recurrir al endeudamiento casi hasta agotar el crédito de la nación.

Para evitar que la situación pase de mala a pésima, se requieren medidas económicas urgentes, muchas de ellas dolorosas. Pero en el Gobierno no hay quien pueda formularlas y mucho menos quien sea capaz de adoptar las decisiones.

De manera que el país se encuentra en un punto muerto (sin alusiones personales), encaminado a un inevitable precipicio, sin que nadie se atreva a empuñar el timón y evitar el desastre. Ya se siente en la calle. Muy pronto se verá en las cifras, aun las oficiales.