• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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La CIDH en peligro

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, creada para proteger a los ciudadanos de los abusos de sus gobiernos, debe mirar con profunda aprensión la próxima reunión de la Asamblea General de este organismo ante la eventualidad de que ella acuerde cercenamientos sustanciales a sus atribuciones, reduciéndola a una instancia sin alcances reales.

La referida reunión extraordinaria, por realizarse el 22 de marzo en Washington, tiene la intención de poner fin a un proceso de más de un año de deliberación sobre el funcionamiento de la CIDH y, particularmente, de su Relatoría de Libertad de Expresión (RLE). De aprobarse las medidas propuestas, ésta sería la décima reforma adoptada por la CIDH desde su fundación en 1959. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, las reformas planteadas en este caso tratan de restarle facultades a la CIDH en vez de aumentarlas.

A principios de esta semana, los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos se reunieron en Ecuador para “afinar” las propuestas que presentarán el 22 de marzo. Entre los ocho puntos que se acordaron en esa conferencia, se hace incluso alusión directa al financiamiento de las relatorías. Ello podría dar pie, por ejemplo, a que se elimine la capacidad de financiamiento externo de ellas. Esto, en la práctica, recortaría los fondos de la RLE.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, por su parte, intervino en la reunión para pedir que se elimine la potestad de la CIDH para emitir medidas cautelares, pero no hubo consenso en este tema (al menos no todavía).

Los intentos por recortar las facultades de la RLE, naturalmente, parten de los gobiernos más restrictivos de la libertad de expresión y, consecuencialmente, los más criticados con sus informes. Particularmente Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido elocuentes en esta cruzada. El embajador de Venezuela en la OEA ha dicho que la CIDH “es un instrumento del imperio” y el ahora fallecido presidente Hugo Chávez calificó al secretario ejecutivo de esta última en términos que abochornaría reproducir. El Presidente de Ecuador ha hecho saber que la CIDH es “uno de los últimos vestigios del neoliberalismo de la región”. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha declarado que la CIDH ve violaciones “únicamente en países que no comparten las políticas del gobierno de Estados Unidos”.

Sin embargo, estos países han encontrado apoyo en un grupo de miembros de la OEA, incluyendo a gobiernos que no pueden ser acusados de antidemocráticos, pero a los que la CIDH ha criticado últimamente por diferentes motivos. Brasil, por ejemplo, tuvo que detener la construcción de una represa por una medida cautelar. Y disgustó a Colombia verse incluida como un país violador de derechos humanos en el informe anual de la CIDH. No puede decirse, pues, que la ofensiva contra la Comisión sea un castigo frente a un uso político de sus facultades. Acá aparecen gobiernos muy disímiles unidos por un interés común: poder hacer lo que estimen del caso dentro de sus países, sin controles externos.

No creemos que este sea un interés que puedan compartir los ciudadanos de país alguno. Y menos aún los de aquellos que, como los latinoamericanos, no tienen Estados de Derecho consolidado, o separaciones reales de poderes con sistemas judiciales realmente independientes.

No canonizamos al sistema de la CIDH. En la ejecución de sus delicadas labores es inevitable la comisión de errores. Sin embargo, pensamos que gran parte de las acusaciones que algunos le formulan derivan de haber cumplido con su labor: enfrentar los abusos que los gobiernos vienen cometiendo contra las libertades ciudadanas, y particularmente contra la libertad de prensa. Y eso debería ser motivo para que todos los ciudadanos latinoamericanos sepamos lo mucho que nos jugamos en su defensa. Ciertamente es motivo suficiente para que el Grupo de Diarios de América, organización nacida hace 21 años para promover la calidad periodística y defender la libertad de expresión en el subcontinente, se sienta en la necesidad de dar un apremiante llamado de alerta.

Ante las amenazas, los periódicos que integran el Grupo de Diarios de América han decidido pronunciarse con una sola voz para decir que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es un patrimonio del hemisferio, resultado de una obra colectiva de más de 60 años. Este ha sido igualmente firme para criticar lo que sucede en la cárcel de Guantánamo o el maltrato a los migrantes en Estados Unidos como para cuestionar las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder en Venezuela o Ecuador, que hoy se han extendido a la Argentina, con mecanismos tendientes a asfixiar a la prensa independiente.

Nuestra voz se suma a las de miles de víctimas, académicos, escritores y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Reducir la autonomía de la CIDH, quitarle posibilidades para que pueda financiarse y operar de manera independiente, no favorece a las personas ni a nuestras democracias.

En tal sentido, hay que hacerle un llamado firme a las 34 naciones presentes en la OEA para impedir que un organismo fundamental quede debilitado. Las capitales de las Américas están llamadas a demostrar su verdadero talante y su compromiso real con valores universales que separan a la barbarie de la civilización.