• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Buscando piso

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Pocos días han pasado desde que, bajo los auspicios del triunvirato encargado de la “continuidad administrativa” entre el antiguo régimen y uno inédito, tanto en lo formal como en lo constitucional, se montó en la sede del parlamento una kermesse para que la directiva de la Asamblea Nacional se juramentara ante unos figurones internacionales que simbolizaban el respaldo popular del todo el continente.

Luego de ese acto habló el Presidente de Nicaragua e irrespetó a los venezolanos al descalificar públicamente a los representantes de la oposición. El gesto sirvió, de paso, para consumar y protocolizar la instalación en Venezuela de lo que la mayoría de la opinión pública considera un gobierno de facto

Como la degradación de las ceremonias protocolares inherentes a la transmisión de mando no bastaban para hacerse de un piso institucional, la cúpula gobernante convocó al Consejo Federal de Gobierno, una entidad de la que el oficialismo se ha ocupado en muy contadas ocasiones y cuando el agua le llega al cuello -como pasó en abril de 2002-, a objeto de consolidar las posiciones alcanzadas con argucias parlamentarias y subterfugios jurídicos.

Recordemos que el artículo 185 de la Constitución establece que el Consejo Federal de Gobierno “es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional, a los estados y municipios”.

Sin embargo, el régimen, que a lo largo de 14 años ha mostrado su vocación totalitaria, constriñendo las iniciativas regionales y que se ha empecinado en impulsar un Estado comunal bajo el control de un único líder de porvenir incierto, llama a este cónclave de gobernadores, ministros, alcaldes y “representantes de la sociedad organizada” para, confesión del vicepresidente, “transferir atribuciones a los consejos comunales del país, según lo que establece el Plan de Gobierno presentado por el presidente Hugo Chávez”.

Juegan con la idea de explosión del poder popular, un estallido orientado a empoderar al pueblo y, en realidad, como advierte el constitucionalista Enrique Sánchez Falcón, “aleja al máximo al ciudadano de las instancias de poder” porque se trata “pura y simplemente de recentralización del poder”.

Los gobernadores democráticos, partidarios del “Estado federal descentralizado” consagrado en el artículo 4 de la carta magna, deben sentirse como cucarachas en baile de gallinas, reducidos a una vocería minoritaria sin eco alguno en el organismo administrador, nada menos que del Fondo de Compensación Interterritorial, es decir, del dinero requerido para contrarrestar los desequilibrios interestatales.

Han de estar muy atentos, pues el federalismo le interesa al Gobierno sólo como concepto referencial de una épica bordada en torno al general Zamora, y no como fórmula de organización política de la nación.