• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Asaltos revolucionarios

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En los inicios de la revolución rusa por las calles de Moscú reinaba el caos y la ley recaía en las manos de la fanatizada policía bolchevique o de sus obedientes jueces, que, a la vez, confraternizaban con las bandas del crimen organizado.

Entre estas dos fuerzas del mal (como ocurre hoy por estos predios) se movía el ciudadano sin saber si al cruzar la calle los esperaba el cruel bandidaje comunista y sus jueces o la ferocidad de los ladrones.

Los comunistas detenían a los sospechosos y allanaban los hogares arrasando con todo: papeles, cartas y manuscritos que ayudaran a acusar falsamente al detenido como “contrarrevolucionario y espía de alguna potencia”.

De esa manera y con el auxilio de jueces cómplices encarcelaban y torturaban a gente inocente a la cual despojaban de sus propiedades, los llevaban a la miseria y a la muerte.

Aquí en Venezuela una juez y una fiscal están aplicando ese tipo de justicia express de los viejos comunistas: primero mandan a la Guardia Nacional a ocupar el objeto de sus ambiciones y luego, sin investigación, tribunal ni expediente conocido y mucho menos juicio (que se sepa) ni derecho a la defensa, se apoderan del Hotel Perlamar, en Margarita.

Estas señoras llegaron acompañadas de varios efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana con la intención de tomar posesión y custodia del hotel debido a un juicio sobre presuntas irregularidades relacionadas con el uso ilegal de divisas.

La acusación es totalmente falsa porque el financiamiento de la obra se ha llevado a cabo por intermedio de bancos venezolanos de conocida solvencia, como se demostró en una visita anterior de las autoridades a quienes se les hizo entrega de la documentación respectiva.

“Hasta hoy no hemos sido enterados que exista un juicio por lavado de capitales aquí en Venezuela ni mucho menos en el exterior. En Estados Unidos no nos han alertado sobre alguna irregularidad atribuible a nuestra compañía”, dijo un vocero de la empresa. “De hecho, nuestro principal accionista viajó esta semana para comprobar en el Departamento del Tesoro estadounidense si existía algún reclamo y allí le reafirmaron que todo estaba en orden”.

Algunos funcionarios del Tesoro preguntaron, “off de record” si por fin los generales del Cartel de los Soles iban a viajar a Estados Unidos para conversar con ellos: “Aquí los esperamos para atenderlos muy bien. No deben tener miedo, sólo queremos conversar y hacerles unas preguntitas”.

La ocupación del Hotel Perlamar por tiempo indefinido o hasta que termine el juicio (¿en qué juzgado?) no es más que un atropello contra los empresarios que invierten su dinero en el área de turismo. El Estado no puede tomar a la fuerza una propiedad privada por razones partidistas o políticas, no debe apelar al terrorismo judicial ni inventar una nueva forma de expropiación por razones personales.

El gobierno utiliza de nuevo a sus fiscales y jueces rojitos como verdugos de quienes tienen el valor de criticarlos y de denunciar sus atropellos.