• Caracas (Venezuela)

Editorial

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Sin ánimos de demonizar a todos los colectivos que hacen vida en el país, sin duda aquellos con el perfil más visible y público tienen un rasgo distintivo: defienden la “revolución” a través de la violencia pasiva con la demostración de que poseen armas de guerra. Estos colectivos afectos, más no casados con la pueril ideología chavista, han sido promovidos desde el Estado, con dineros públicos en muchos casos, que han derivado en una suerte de cuadros paramilitares urbanos enquistados en los algunos sectores populares de varias ciudades del país.

No sabemos a ciencia cierta cómo llegaron a obtener las armas que hoy día exhiben, pero según su modelo y fabricación, debemos asumir que llegaron a sus manos a través de algunos integrantes de la FANB que, por lucro u otro objetivo oculto, permitieron que esas armas de uso exclusivo militar estén en manos de grupos irregulares.

La función de estos colectivos es múltiple; su organización, compleja; con jerarquías y división del trabajo. Los colectivos que están armados se asemejan a otro fenómeno que afecta a nuestro hemisferio: las bandas criminales o Bacrim como se les ha denominado en Colombia para diferenciarlas de las famosas maras centroamericanas.

La gran incógnita permanece ¿cómo llegaron las armas a estos colectivos? ¿Qué hacen estos colectivos con las armas de guerra? Ejercen control social y criminal en las comunidades en las que se establecen, vanagloriando la lucha urbana de izquierda. Todo para apoyar a redes criminales que se encubren en estas figuras sociales con fines meramente crematísticos.

No es un hecho aislado lo que sucedió recientemente en Catia. Colectivos armados con ropaje camuflado y pintas alegóricas a la izquierda, exigían a través de la intimidación a la Policía Nacional Bolivariana, el principal cuerpo de seguridad civil del Estado, liberar a un presunto ladrón de vehículos que había sido apresado in fraganti con un arma de fuego ilegal. Parece que estos colectivos sienten apoyo suficiente de algunos funcionarios públicos electos para retar a una autoridad civil legítimamente constituida. Estas acciones constituyen delitos penados por la ley; más aún con la nueva legislación recientemente aprobada.

Lo que debería saber la sociedad venezolana es cómo colectivos con claros rasgos criminales accedieron a un arsenal de armas, en su mayoría de guerra, que son de uso exclusivo de las FANB. La nueva ley de Control de Armas deja vacíos importantes con respecto a las armas de guerra que maneja la Fuerza Amada, y deja claro en su redacción que podrán recogerlas en cualquier momento sin indemnización alguna, cuando lo considere necesario.

Esto deja una ventana abierta, no sólo para los ya presentes colectivos que las portan y muestran de forma pública, sino para todo aquel otro cuerpo armado que el Gobierno decida constituir al margen de la Constitución y las leyes.