• Caracas (Venezuela)

EDITORIAL

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Abusos judiciales

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Pregunta, con sobrada razón, un parroquiano común y corriente –que, por su simple condición de ciudadano, se ve obligado a perder parte de su vida aguardando en las kafkianas colas derivadas de la incompetencia oficial–, y ante el desenfreno especulativo de ese novedoso motor de la economía madurista que es el bachaqueo, ¿por qué no meten presos a esos sujetos que ven calva la oportunidad para extorsionar al consumidor? 

Interrogante pertinente y difícil de responder, tan difícil como indagar por qué se permite que, en el paroxismo de su arbitrariedad, jueces superiores írritamente designados, tan ignaros como audaces, y al servicio del único postor que tiene con qué en el cotarro, se pasen la carta magna por innombrables partes, sin importarles ni bledo ni comino el calibre de los dislates que perpetran con su fanática sumisión al Ejecutivo.

Convertidos en bachaqueros del derecho, entendido éste como instrumento para la violación del código deontológico, exculpación de la delincuencia de cuello blanco, auspicio de la impunidad y otras menudencias, los magistrados rojos han desacreditado a la justicia vernácula, que, además de ser internacionalmente tenida entre las peores del planeta, debe ser la más cantinflérica. 

Para sustentar tal aserto, leamos un fragmento de la sentencia que declara inconstitucional la tenencia de vivienda propia y que, de sentar jurisprudencia, podría servir de punto de partida para que los venezolanos, para mayor gloria del renacimiento comunista, no tengamos dónde caernos muertos: “El otorgamiento de títulos de propiedad sobre las unidades de vivienda adjudicadas dentro del marco de las políticas sociales del Estado, solo puede darse mediante un sistema que rigurosamente garantice que las familias no puedan verse privadas del ejercicio del derecho a la vivienda por la disposición del derecho a la propiedad con fines distintos al que está ligado el bien inmueble”. ¡Vaya p’al Callao!

¿Qué hacer ante tamaña perversión de una instancia judicial que, como sostiene José Ignacio Hernández en el portal Prodavinci, “ha impedido la aplicación de todas las leyes sancionadas por la Asamblea”, usurpando, de paso, las funciones del Poder Legislativo? 

Se trata de un golpe de Estado contra la soberanía popular; un fujimorazo asistido y continuado, planificado desde el momento en que las encuestas le revelaron a Maduro, a Padrino y a Cabello que el polo patriótico se estaba derritiendo e iba a ser, como fue, vapuleado en las elecciones parlamentarias. 

Lo ocurrido con la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público es señal de que desde las alturas de la justicia se ha propiciado una asociación para delinquir, no sólo contra el Poder Legislativo, sino contra la soberanía popular. 

Por consiguiente, procede la aplicación de la Carta Democrática, cuya invocación es repudiada por la pandilla gobernante, aduciendo, como es hábito nicochavista, “traición a la patria”. Aquí los únicos que han traicionado a la patria son quienes intentan perpetuarse en el poder para no tener que rendir cuentas por sus abusos, latrocinios y desaguisados.  

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