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Eddo Polesel

El diálogo

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No hay que tener miedo a dialogar, pero es extremadamente peligroso tratar de hacerlo cuando una de las partes pretende –utilizando procedimientos anticonstitucionales, inmorales y antiéticos– emplear las fuerzas públicas para reprimir en forma violenta legítimas manifestaciones. Y, se hace aun más riesgoso cuando el gobierno, que ha derivado en un régimen autocrático que actúa en forma dictatorial, controla todos los demás poderes del Estado y los utiliza no para defender al ciudadano bajo el imperio de la ley, sino que solo defiende y sostiene al régimen que se ha adueñado del país para realizar su proyecto ideológico excluyente, el cual no es compartido por la mayoría de los venezolanos.

Bajo esas condiciones, si se acepta continuar lo que están haciendo los interlocutores; es decir, realizar reuniones tras reuniones, tendientes a encontrar formulas aplicables dentro del mismo modelo político excluyente y finalmente será –como en el pasado– conformándose con decisiones en materia económica o relacionadas con algunos aspectos dramáticos de violaciones de los más elementales derechos humanos, seguiríamos haciendo el juego al régimen como resultaron todas los intentos realizados a partir de 2001 y hoy el  país enfrenta una de las mayores crisis de su historia republicana.

Volver a repetir los incumplimientos de las innumerables promesas, de los acuerdos y las misiones incumplidas; así mismo de los acuerdos con la presencia y la “facilitación” de observadores del exterior que jugaron a favor del régimen, como ocurrió con el Centro Carter, monitoreado en ese caso por intereses de un grupo económico local migrado, pero con un pie en Venezuela para seguir aprovechando las ventajas por una actitud complaciente para con el régimen; y lo peor de estos facilitadores es no haber reclamado con las fuerzas y las insistencia del caso los incumplimientos de esos acuerdos, actitud que los hace cómplices del drama que vive el país.

Por otra parte, seguir limitándose a formular reclamos generalizados por las expropiaciones, las ocupaciones sin indemnización o pedir dólares para sobrevivir; o reclamando que se respeten los derechos humanos fundamentales a un régimen que ha entregado la soberanía del país a un régimen comunista como es el castrismo en Cuba, la experiencia nos dice que significaría seguir dándoles tiempo a que nos cubanicen definitivamente mientras Cuba logre del mundo occidental, cómplices por la forma como ha venido prostituyendo las relaciones internacionales, sometiéndolas a negociados de acuerdo a sus intereses a espalda de los derechos humanos que, dentro de la ONU, “pregonan defender”.

Y pretender que quienes han procedido con premeditación y alevosía a empobrecer al país para poder perpetuarse en el poder, que han dilapidado incuantificables sumas de recursos de todos los venezolanos por su megalomanía ideológica que rectifiquen, es un imposible; solo podrán venir concesiones dentro del mismo sistema que no irán al fondo de los problemas, como ha ocurrido en estos últimos quince años. Y, finalmente, pensar o pretender que otros vengan a resolver el problema que nosotros mismos nos hemos creado por nuestras incoherencias y complicidades de muchos, fraguadas con la conspiración de los Castro y de los vendepatria criollos; hechos y situaciones que debemos reconocerlos que son también parte de nuestras responsabilidades; y finalmente pedir que otros hagan por nosotros lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer para nosotros mismos, sería como cambiar de dueño, lo que daría el mismo resultado, seguir siendo esclavos.

A este punto, a los demócratas de convicción y no de conveniencia como muchos, no nos queda otra solución que recoger velas e impulsar las acciones para que el país recobre la ruta correcta y lo más apropiado es darle vida, a través de nuestras instituciones gremiales, conjuntamente con las demás fuerzas democráticas cuyo ejemplo más valioso y clarificador es el comportamiento de nuestra juventud, no claudicar frente a esta malsana forma de gobernar a un país cuyo régimen le niega el futuro a estos jóvenes y los obliga a migrar.

Por suerte, a pesar de la destrucción, el país aún cuenta con un movimiento gremial con una cobertura nacional constituida por los organismos de base, las cámaras de comercio y asociaciones y cámaras de productores, los cuales deben mantener el mayor contacto posible con la realidades locales y deben continuar e intensificar la lucha, por las vías conducentes, para que se les den soluciones a los problemas de servicios y de seguridad que tienen derecho e tener la gente, tanto en las ciudades como en los pueblos y caseríos a lo largo y ancho del país, las cuales cuentan con el apoyo de las Fedecámaras estadales en las acciones de conjunto. A las organizaciones sectoriales nacionales les corresponde concretarse a formular planteamientos a los respectivos organismos del Estado para dar soluciones inmediatas a los agobiantes problemas de la población, y al mismo tiempo tiendan a resolverse los problemas estructurales que impiden el desarrollo de sus actividades, sin lo cual no será posible resolver el gravísimo problema del desabastecimiento.

Y a la federación nacional, en su condición de organismo cúpula, le corresponde, dadas las graves circunstancias que enfrenta el país, se debe mediante un consistente y razonado reposicionamiento, sin estridencia pero con la máxima contundencia, desmarcarse de un sistema perverso que solo sirve a los traficantes y a las empresas de maletín que el mismo régimen ha creado para beneficiar a sus acólitos, así como a los demás corruptos que actúan en combinación con funcionarios del sistema creado para descontrolar la economía y así adueñarse de empresas que han fracasado y que ahora son una carga para el propio Estado. Reposicionamiento que debe mirar al rescate de los valores y de la ética tal como lo expresa la doctrina de Fedecámaras en el documento presentado en ocasión de la reunión de las organizaciones empresariales previa a la VII conferencia de presidentes y jefes de Estado iberoamericanos, en Porlamar, en noviembre de 1977 que trata sobre: los valores éticos de la democracia; la seguridad jurídica en la vida social y económica en sus capítulos: los valores éticos de la democracia, la seguridad jurídica en la vida económica, el orden constitucional, lineamientos básicos de la doctrina empresarial y la confianza.