• Caracas (Venezuela)

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Rafael Rodríguez Mudarra

El diálogo no puede impedir el referéndum

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Hasta la presente fecha no existe persuasión en la mayoría opositora de la ciudadanía venezolana, ni entendido alguna de que lo planteado por la Unasur tenga soporte sincero para el logro de una concertación política, como el creer que los sesgos contrapuestos entre calificados dirigentes políticos que hacen funciones legislativa, en materia de pertinencia de “diálogo” le corresponda resolver únicamente a la MUD, como mecanismo de concertación unitaria; y lo que es más, con exclusividad a una representación pomposa que bajo el nombre de “G4”, juegan a ser los únicos ductores de las mayorías nacionales.

La derrota sufrida por el gobierno que preside Nicolás Maduro, hoy conformada por una mayoría de militares en servicio activo el 06 de diciembre de 2015, la que hizo posible la autonomía e independencia de la Asamblea Nacional, para ejercitarse con competencia incompatible, entre otras la de legislar; la de ejercer funciones de control sobre el Gobierno ; así como decretar amnistías, nos obliga, sin dejar de ponderar el mérito de dirigentes y militantes de partidos, que fueron escogidos como diputadas y diputados para representar al pueblo en tan importante poder unicameral , jornada popular, casi replica del triunfo opositor logrado con anterioridad en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente realizada el 30 de noviembre de 1952, desconocidas por la feroz dictadura militar de entonces, a sostener que el triunfo obtenido en la elección del actual parlamento, en la fecha señalada, debe entenderse como la victoria unitaria ,desvestida de sectarismo político, producto de un gran esfuerzo espontáneo y cívico de los venezolanos para el alcance estable de las instituciones democrática y el rescate de la incompatibilidad de los de los poderes públicos por la ciudadanía.

Retomar como pretenden unos pocos las conversaciones , que sin resultados de gestión se llevaron a cabo a finales de mayo en Punta Cana, con ausencia de información al conglomerado opositor, y, evidente influencia de la representación gubernamental de Venezuela, notoriamente opuesta sin evidencia de dudas a la salida constitucional de la crisis política, económica y humanitaria que padecemos, que introduce demandas contra la recolección de firma para el evento revocatorio; además de la probanza no desmentida, de que Rodríguez Zapatero, gestor de Unasur, por sugestión de Maduro ha insinuado la no activación para su discusión del mecanismo constitucional del referéndum, llegando al extremo de proponerle a Leopoldo López un trueque con la garantía de su libertad, condicionada al diferimiento del referéndum revocatorio, lo que además de inmoral , no puede representar atraso de la agenda dominicana no aceptada , ni suponer que mediante conversaciones con los agentes designados: Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, se pueda lograr que el TSJ revoque las 17 sentencias mediante las cuales su Sala Constitucional en pleno ha declarado la inconstitucionalidad las leyes que han sido elabora por la AN, no sería más que la filmación de una película, exhibida con ausencia de taquilla, que le facilita al partido de gobierno obtener a través de la máxima instancia judicial la repetición del proceso inicial de recolección de firmas que han sido validadas.

La situación de Venezuela ha traspasado las fronteras patrias, las de la región y la de otros continentes; es ecuménica , teniendo asidero de certeza el no cumplimiento por parte del gobierno de los elementos esenciales de la democracia, como son : “el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y justas , basada en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, por lo que de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, actualmente activada, el gran conglomerado opositor originario, que soberanamente escogió a Nicolás Maduro, y posteriormente ponderó su incapacidad para gobernar, ha hecho uso dentro de los lapsos establecidos , del derecho a solicitar en conformidad al artículo 72 constitucional la revocatoria del ejercicio funcionarial del actual Presidente.

En Venezuela se incumple  el principio constitucional de separación de los poderes, se declara inconstitucional el trabajo legislativo de la AN, se violan los derechos humanos de los presos políticos, se le ponen trabas sobrevenidas con soportes de complacencia por parte del CNE al referéndum en proceso. Participar en un diálogo  dirigido por UNASUR, es más que inaceptable; y nos fuerza a darle el mayor impulso, a la revocación iniciada, no conceptuándola como una empresa  reservada en particular al partido MUD; sino como expresión de lucha cívica, llevada con el mayor animo de comprensión , de inteligencia y de armonía para el logro de una integración que ponga cese al proceso de deterioro que estamos padeciendo y nos permita un clima de compresión.

En el referendo no se vota por partido, el voto no tiene atadura política, es libre y secreto al máximo, por lo que la política de un Gran Frente amplio de Integración, constituye un deseo nacional, anhelado por el pueblo como instrumento para marchar hacia adelante por el camino de grandes conquistas.

La aplicación de la Carta Democrática, activada desde el 23 de junio, no solo tiene legitimidad, es también de aplicación inmediata  al Estado Miembro, cuando se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, lo cual es de buen presagio. La Unidad no puede ser un decir discursivo, tiene que constituir una  herramienta fuerte para el rescate de las riquezas súbitas de los que han hecho del situado constitucional un patrimonio, dado que le pertenece al pueblo; para el rescate de una justicia igualitaria; para la libertad de los presos políticos; para devolverle a la Asamblea Nacional su autonomía, la cual le emana del pueblo, en fin para la tranquilidad y concordia nacional.