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Víctor Rodríguez Cedeño

El derecho de vivir en democracia

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Los resultados del 6-D parecen haber acelerado en el régimen la pérdida total de la compostura y de apego a la democracia. El patético llamado a la violencia de Maduro y Cabello, de los dirigentes del golpeado PSUV y de los animadores que actúan impunemente en los secuestrados medios públicos del Estado, busca aniquilar la nueva Asamblea Nacional, desconociendo de esa manera la voluntad popular y la Constitución Nacional, la que tantas veces interpretan torcida e interesadamente para justificar sus tropelías.

El derecho a la democracia es un derecho humano reconocido y aceptado por todos. Es una norma de Derecho Internacional consuetudinario, codificada en distintos instrumentos internacionales. Además, tal como se expresa en la Carta Democrática Interamericana, la democracia es “indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos…”. El derecho de los pueblos y de todos a vivir en democracia supone obligaciones a cargo del Estado cuya violación permite la activación de los mecanismos internacionales de control de normas relacionadas con la protección de los derechos humanos y de otros que se establecen en instrumentos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, en particular, en sus artículos 18 y siguientes, para restablecer el orden.

Se acepta hoy en diversos instrumentos internacionales el derecho de los pueblos a vivir en democracia. En el ámbito europeo la existencia de esta obligación tiene una base jurídica sólida, evidente en el Estatuto del Consejo de Europa y en su aplicación, especialmente después de los años 90, cuando se establece que la existencia de una democracia verdadera es condición para la adhesión al Consejo, lo que fue confirmado más tarde por la Corte Europea de Derechos Humanos. En el ámbito regional americano se le otorga igual valor convencional en la Carta de la OEA, en la que además se considera que la democracia  “es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo regional”. Los órganos regionales, en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado que “la democracia pluralista es el único  régimen político compatible con la Carta”. La práctica estatal favorece también el valor jurídico del derecho a vivir en democracia, tal como se refleja en la Carta Democrática Interamericana, en cuyo artículo 1 se precisa que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La Carta es por su contenido, un instrumento jurídico que obliga a los Estados de la región que la suscribieron.

La ruptura o alteración del orden constitucional no solamente se produce cuando “el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder…” sino “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático…”. Es decir, que la ruptura del orden constitucional  no se produce únicamente por actos externos, como golpes o rebeliones militares; sino por actos internos, del mismo gobierno, que ignora las reglas constitucionales y los principios que regulan la democracia.

La peligrosa y aventurera amenaza del régimen de “aniquilar” la nueva y democrática Asamblea Nacional constituye además de una grave violación del orden interno, una violación del Derecho Internacional, lo que abre sin duda alguna la posibilidad de que la comunidad internacional pueda expresar su preocupación por tal violación y exigir que el gobierno rectifique y adecue sus acciones y políticas al cumplimiento de esta obligación.

Ante esta intimidación o provocación del régimen, que podría no ir mas allá de los acostumbrados pataleos propios de su decadencia, debemos hacer una llamado a la comunidad internacional para que esté alerta y vigile el desarrollo político nacional y exija que se respete el orden constitucional y se reconozca y apoye el derecho que tenemos todos de vivir en democracia. No se trata de injerencia, como lo pretenden los que siempre se escudan en la interpretación sesgada del principio de soberanía para justificar sus atropellos. Es, no solamente un derecho, sino una obligación que tienen los gobiernos, los órganos internacionales y la sociedad civil de actuar y exigir que se restituya el orden si este fuere alterado.