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Jesús Ollarves Irazábal

Estado delincuente

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La delincuencia se ha convertido en un fenómeno tan complejo que ha socavado la base constitucional del Estado. Ya no se trata de la delincuencia común, asociada a la profundización de la crisis de inseguridad ciudadana que nos hace vulnerables incluso dentro de nuestras propias casas. Nuestra vida, integridad física y propiedades están  amenazadas por una delincuencia más perniciosa, que actúa en grupos, redes y empresas con tal grado de sofisticación que ningún venezolano podría dormir tranquilo. Se trata de una poderosa industria que selecciona arteramente a sus víctimas, establece vínculos en todos los niveles de poder (incluyendo el político y el militar) y, en definitiva, se ha convertido en un emporio de corrupción que prospera con la más absoluta impunidad.

Ya estamos acostumbrados a hablar, en primera persona, como victimas del secuestro, la extorsión o el sicariato. Parecemos espectadores pasivos de los estragos del tráfico de drogas, la legitimación de capitales y la obtención fraudulenta de divisas.

Cada día la delincuencia organizada emprende operaciones financieras más cuantiosas y asestan “golpes” cada vez más escandalosos. El saqueo de 25 millardos de dólares a través de empresas de maletín, que fue anunciado sin mayor expresión de culpa por el ministro Jorge Giordani, no ha sido afrontado como corresponde por parte de la Fiscalía General de la República. Sólo un militar de los muchos que se habrían beneficiado ilegalmente ha sido investigado, se indica en un muy bien documentado reportaje realizado por la Unidad de Investigación de El Nacional.

En los trabajos periodísticos publicados el 27 de julio y el 4 de agosto se detalla la actuación inescrupulosa de militares de alta graduación, específicamente en cuanto a la liquidación de más de 23,5 millones de dólares a las empresas Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, de las cuales los tenientes coroneles retirados Carlos Arias Delgado y Eduardo Escalante Pérez son socios. La madeja de relaciones de dudosa legalidad incluye al general Félix Osorio, quien formaba parte de la junta directiva de Cadivi y también presidía la red gubernamental Mercal.

Cualquier abogado litigante podría contar decenas de vivencias personales que revelan que el sistema judicial está sometido a la voluntad política Poder Ejecutivo. Los operadores de justicia en Venezuela no tienen, ni por asomo, la independencia necesaria para actuar y decidir con imparcialidad, y tal debilidad facilita la penetración de la delincuencia organizada en las fiscalías y en los tribunales. El Ministerio Público debería estar dando la batalla contra las bandas criminales, sin importar sus eventuales vinculaciones con el oficialismo; pero, lamentablemente, parece estar más pendiente de servir como instrumento para la criminalización de la disidencia.

Al gobierno no le ha servido la Ley Habilitante que le otorgó poderes especiales para gobernar por 12 meses al presidente de la República, Nicolás Maduro, para luchar contra la corrupción.

En estas circunstancias, se requiere un amplio compromiso nacional que propicie una salida política a enfermedades que están haciendo metástasis: la delincuencia organizada, la corrupción, la impunidad.

En este contexto nos parece muy oportuno el aporte realizado a través del libro Estado delincuente, de Carlos Tablante y Marcos Tarre. De forma sencilla, los autores ofrecen un diagnóstico descarnado del crimen organizado en Venezuela, así como diversas propuestas para enfrentar un fenómeno que ha mermado las bases del Estado de Derecho y de la democracia; un fenómeno que avanza ante la mirada indiferente de quienes detentan el poder.