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Elio Pepe

La defensa del hilo constitucional

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La inspiración de la estética y el ejercicio de la moral transforman el hombre en defensor de la propia identidad de ciudadano, de promotor y guía  del propio destino político, económico y social a través de la afirmación de los valores de libertad,  de justicia social, de soberanía que configuran la estructura constitutiva del Estado-Nación al cual pertenece. 

Es un proceso de construcción  que toma su gradual configuración jurídica, económica y social por la evolución del ritmo de crecimiento determinado por la tecnología y la consecuente adecuación del desarrollo para propiciar el aumento del nivel de vida de las poblaciones, en el contexto de constante competitividad de las transacciones que caracteriza el mundo globalizado. Por supuesto, en cada país emergen las condiciones económicas y sociales que con el límite del conocimiento y de la consecuente capacidad crítica, inciden sobre la formación de la consciencia social y política: derivan la determinación del sistema político, el descubrimiento de  las verdades escondidas para conquistar y mantener el ejercicio del poder, la denuncia de los errores y omisiones que pregonan necesidades de cambio, que independientemente de la orientación política, en el acercamiento de las culturas y del conocimiento implícito en el mundo globalizado, deberían ser expresión del sistema democrático y de la  alternativa de las fuerzas políticas en el ejercicio del poder. 

La tradición histórica, política, social y cultural ubica Venezuela en el contexto de la civilización occidental. Por el contrario, la proclamación del continuismo como característica de la conducción política de la Revolución Bolivariana y las condiciones socio-económicas a las cuales el país ha sido reducido, ha determinado en la sociedad venezolana el despertar de la conciencia de los ciudadanos que, mediante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, han exigido el cambio del sistema político, social y económico, en la afirmación del estado de derecho y de las libertades constitucionales, gracias al desempeño institucional de la Fuerza Armada.

No obstante, el nivel  del deterioro pone de manifiesto otros aspectos negativos que necesitan las oportunas modificaciones: emergen la falta de una gerencia responsable para promover el crecimiento económico y social de la población; la ausencia de una proposición renovadora de las ideologías y  del modelo del crecimiento fundamentado en el intervencionismo del Estado; la malversación  generalizada; el despilfarro del sector público; la inedia del sector privado; la persistencia de los vicios estructurales de la organización  y mentalidad “cogollista” de los partidos políticos; la incapacidad de tipificar el modelo sobre el cual construir  una sociedad abierta y libre, no vinculada a alguna  sumisión  o afiliación partidista,

Se constata que en los límites impuestos en el tiempo por las circunstancias histórica, las variables del sistema político de orientación democrática precedentemente adoptado, por el contrario,  se han transformado en un sistema  con acentuaciones dictatoriales: la perversión no ha sido determinada por la diversidad ínsita en los enfoques ideológicos y programáticos y no ha sido comprometida por la confrontación de la acción política para la conquista de más amplias condiciones de bienestar y de justicia social para la población,  sino para la detención del poder de grupos minoritarios social comunistas, portadores de un proyecto político que radica su ideología en los postulados del Foro de Sao Paulo del 2000, con la agravante que en el devenir, el ejercicio del poder se ha transformado en promotor y financiador del terrorismo internacional, utilizando recursos derivados por la venta del petróleo venezolano y la promoción del narcotráfico, así como internacionalmente reconocido.

Aparentemente toda postura crítica parece sembrada por la profusión del proudhonismo en su forma primitiva y por la forma caricaturesca dada por Bakunin: ambas quitan la vigencia y la esencia de las libertades constitucionales y de los derechos humanos. De modo que la Revolución Bolivariana, sin ser confrontada por una “Oposición” ideológica y programática alternativa del consenso popular, ha conseguido estabilizarse en el poder, soportada por el apoyo teórico y político del social comunismo cubano e internacional, mientras que ha utilizado la práctica económica gubernamental como forma aparente de resistencia al “liberal-capitalismo”, para favorecer, a costa del pueblo venezolano,  la afirmación  del terrorismo internacional, cual proyecto desestabilizador del sistema democrático en América Latina (a nivel de las instituciones gubernamentales de Argentina y Brasil) y en el mundo (como demuestran los atentados de Francia, Bélgica y, ahora, la amenaza a Arabia Saudí). Se ha instaurado una época en la cual la guerra tradicional ha sido sustituida por la “guerra asimétrica” llevada adelante por grupos subversivos que promoviendo en la sociedad civil el miedo que deriva de la barbarie y el desprecio de la vida, intentan ampliar su área de influencia para estructurar el territorio con su propio Estado y sustituir o dimensionar los Estados constituidos. No es una paradoja afirmar que mientras ISIS es el brazo ejecutor, Venezuela es uno de los mayores financiadores del intento de subversión del orden internacional constituido.       

La República Bolivariana de Venezuela, a pesar de su acervo histórico libertario y democrático de Estado Nación libre e independiente, ha sido reducida en instrumento de la izquierda internacional, para las finalidades manifiestas y ocultas de Cuba, Rusia y China.  

En estas condiciones, los ciudadanos venezolanos, anestesiados por la acentuación de la política populista y mortificados por las características y exigencias del modelo social comunista, programáticamente comprometido en el continuismo  del ejercicio del poder, pero no preocupado del crecimiento ni del progreso del país, se habían  transformado en receptores pasivos frente a la posible conquista de horizontes de libertad y democracia participando en diversas elecciones caracterizadas por no constituir  modelo de transparencia democrática: sólo la intervención de la Fuerza Armada, como pasó el 2 de diciembre de 2007, ha permitido la transparencia del voto expresado por los ciudadanos, obligando el Ejecutivo Nacional  al reconocimiento del resultado frente a la nación y frente a la comunidad internacional.

Pero su presunta aceptación del sistema democrático ha sido puntualmente desmentida por su vocación totalitaria ya manifiesta en las consecuencias políticas, jurídicas y administrativas con la definición histórica de la fecha del fallecimiento del Presidente Hugo Chávez Frías y con la indeterminación de la nacionalidad del Presidente Nicolás Maduro que coloca en una situación de riesgo la misma soberanía política y territorial de la Nación.

En la actualidad sucesiva al 6D, la acción antidemocrática e inconstitucional del Ejecutivo Nacional es de conocimiento público nacional e internacional: la negación de proclamar una amnistía para los presos políticos, como acto de buena voluntad hacia el dialogo y la unidad nacional;  el desconocimiento del Tribunal Supremo de un número suficiente de los diputados elegidos por las autoridades electorales controladas por el propio gobierno, como para anular la mayoría calificada de oposición al régimen; así como las amenazas del uso extemporáneo de fuerzas irregulares para tomar inconstitucionalmente el Palacio del Congreso y los planes para ocupar las calles de las ciudades, y sobre todo, la creación de los “soviets”, de la Comuna para crear un sistema “legislativo absolutamente inconstitucional”, como hipótesis  alternativa a la Asamblea Nacional,  única institución jurídicamente admitida por la Constitución para legislar, son todos actos inconstitucionales que constituyen un desafío para el pueblo, la legitimidad del resultado electoral, el apego a la Constitución de la Fuerza Armada, cuya función institucional viene sustancialmente desconocida por la acción desempeñada para anular los pródromos de una hipótesis de cambio fundamentado en el reconocimiento de la diversidad política, del control constitucional al cual debe ser sometido el poder ejecutivo, máxime con la rendición de cuenta sobre los gastos.

No obstante, el cambio exigido por el pueblo venezolano no es una aspiración al maquillaje  en lo económico, lo político y  lo social, sino la exigencia inequívoca y perentoria para determinar la adopción y una metodología  del ejercicio del poder que se fundamenta en el sistema democrático, concretamente en el reconocimiento de las diversidades y que identifica la autónoma tendencia de las ideologías, de las políticas y de la definición y programación del desarrollo como   afirmación de las libertades definidas por la voluntad  del ciudadano, fulcro generador de la soberanía y del poder del Estado sustanciado en la división de los poderes.

El resultado de  las elecciones del 6-D demuestra una tensión cívica por la cual el venezolano ha tomado conciencia de su porvenir y ha decidido de no estar más dispuesto a ser considerado un número que se utiliza para el ejercicio del poder del cogollo de turno.

Frente a la manifiesta negación del estado de derecho, la coherencia ética, jurídica e institucional puede inducir la Fuerza Armada, con apego al Artículo 328 de la Constitución y en el cumplimento de sus funciones, en particular del “mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”,  a  elevarse cual defensor de la voluntad popular y de la Constitución de la República, precisamente para permitir que el poder legislativo controle el poder ejecutivo, y que el poder judicial se constituya en garante de las normas que definen el pacto social fundamento de la Nación.

No se debe olvidar que la costumbre parlamentaria es la fuente del Derecho que permite adecuar la “Juridicidad del Derecho Parlamentario” a la vivacidad propia y natural del único cuerpo legislativo de la República, la Asamblea Nacional, que con su tradición ya bicentenaria, responde a la adecuación real que se produce entre los mandatos constitucionales y reglamentarios y su funcionamiento cotidiano, que, por supuesto, se manifiesta en la misma esencia jurisdiccional del Estado. Es interpretación compartida que el control de constitucionalidad de los actos internos no normativos, mejor conocidos como “interna corporis”, atribuido por la Constitución de 1999 a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la instauración de un nuevo sistema de justicia constitucional, no descalifica las atribuciones primarias del poder legislativo definidas por la propia Constitución que prevalecen sobre cualquier modificación aportada por una decisión judicial.       

De modo que en los valores y principios de libertad e independencia de las instituciones definidas en la Constitución se ha de tomar en cuenta la noción de lo “ético” como idea de “moralidad” que se deslinde para admitir un ámbito de consideraciones que forman parte también de los conceptos de soberanía, independencia y gobernabilidad, para asegurar a los venezolanos paz, convivencia civil, desarrollo sostenible, posibilidad de transformar la sociedad rentista en una productiva, reconocimiento de la comunidad internacional de las condiciones que permitan obtener las ayudas financiarías y tecnológicas necesarias para la recuperación económica y social de la población.  

Para quienes han sido influenciados por el pensamiento de Kant, toda consideración moral genuina reside íntegra y en última instancia en el seno de la voluntad del agente. No se puede “exigir” simplemente por la posición en la estructura social y/o por una compulsión psicológica tal vez individual, pero también de presión social: actuar moralmente es actuar “autónomamente”, por la convicción racionalmente madurada que la defensa de la Constitución constituye la salvaguardia de la unidad, de la soberanía, de la gobernanza, de la identidad de la Nación. Es un imperativo categórico al cual está llamada institucionalmente la Fuerza Armada, pero también todos los partidos políticos, los factores económicos y productivos de la sociedad, las fuerzas sociales que no quieren desilusionar otra vez la esperanza de recuperación civil, moral y económica  que se ha abierto en el corazón de los venezolanos con el resultado de las elecciones del 6 de diciembre de 2015.