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María Yanes

La defensa del derecho a la salud en Venezuela

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Uno de los derechos más sagrados que tiene el ser humano es la salud porque simplemente es el derecho a la vida, y como lo hemos reiterado públicamente en muchas oportunidades, se encuentra bien establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. Tan solo este segmento contenido en dicho artículo lo dice todo aunado a lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el derecho de participar activamente en su promoción y defensa”. Está bien claro y como se dice de manera coloquial, no se necesitan anteojos para darse cuenta que el Estado Venezolano ha violentado el derecho a la salud de los venezolanos si nos apegamos a lo expresado en nuestra Constitución, que convierte a la salud en un derecho constitucional. Sin embargo, es demasiado importante además de relevante en los actuales momentos, lo que se refiere a la defensa de ese derecho, de que los venezolanos deben exigirla protección y el acceso a la salud de manera permanente, segura y constante para mantener una adecuada calidad de vida y muchos que están aquejados de alguna enfermedad para conservarla.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 con entrada en vigor a partir del 3 de enero de 1976, en su artículo 12 contempla lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y más aún, otros de los aspectos contenidos en este artículo está referido a “la prevención de las enfermedades endémicas y epidémicas y la lucha contra ellas así como la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. Este pacto fue firmado y ratificado por Venezuela país que forma parte del consejo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Estos antecedentes expuestos se consideran de mucha importancia ante la dramática situación de salud que hemos reseñado en anteriores escritos y que padecen todos los venezolanos, ya que en la pasada semana se conoció la noticia del fallecimiento de trece pacientes del servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Clínico Universitario por escasez de insumos. Hemos también reiterado públicamente que solo un paciente que fallezca por escasez de materiales médico-quirúrgicos o por la limitación derivada de esta grave crisis de poder prestar el servicio de atención médica que necesite el paciente en el tiempo que lo requiere, es sumamente grave. La situación referida en el Hospital Clínico, ameritaba la presencia inmediata y espontánea de la Defensoría del Pueblo para iniciar la correspondiente investigación y seguro hubiera corroborado las condiciones críticas que presenta actualmente dicho establecimiento hospitalario que limita y llena de impotencia a nuestros médicos al no poder prestar una adecuada atención médica a los pacientes. Todos los sectores de la salud damos nuestro apoyo a los pacientes para que participen en la defensa de su derecho a la salud, tal como lo contempla nuestra Constitución, y dicha defensa estaría resumida en acciones como: la denuncia formal de la violación de este derecho ante los organismos competentes del Estado, proporcionando la protección eficaz del denunciante y actuando de manera rápida y diligente para evitar una muerte injusta e innecesaria o que la salud de las personas se vea empeorada poniendo en riesgo su integridad física y mental, presentando cuestionamientos o propuestas a los organismos públicos para cambiar o detener políticas que impidan o desmejoren las garantías al derecho a la salud. También ejercer el derecho de acudir y denunciar ante organismos internacionales de protección de los derechos humanos las violaciones que se produzcan en Venezuela del derecho a la salud, y así solicitar las diligencias necesarias para interceder ante el Estado Venezolano para que cumpla con las obligaciones internacionales en esta materia, con la protección inmediata de la persona afectada. Para concluir, una vida que se pierda porque no hay condiciones para proporcionar una atención mínima de salud es una violación del derecho a la vida y constituye una grave falta del Estado venezolano el no cumplir con esta obligación contemplada inclusive en pactos internacionales.