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Manuel Donis

En defensa de nuestra Guayana Esequiba

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Saludo la iniciativa de la Movida Parlamentaria al entregar formalmente a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica de Venezuela. La iniciativa pretende “dar un marco normativo para la defensa de la integridad territorial de Venezuela”, particularmente en la Zona en Reclamación.

El tema del Reclamo Esequibo ha demostrado ser sensible en el mundo académico, educativo, político  y militar. En fecha reciente estuvo sobre el tapete una vez más a raíz de la detención de la Anadarko Petroleum en la Zona Económica Exclusiva venezolana por la fragata Yekuana de la Armada Nacional Bolivariana. En esta ocasión queremos reforzar este acto soberano refrescando algunos aspectos de nuestra máxima Reclamación territorial.

El Laudo de París de 3 de octubre de 1899 despojó a Venezuela de 159.500 kms2 de su frontera oriental otorgando este territorio a Gran Bretaña. La decisión arbitral, no ajustada a derecho, fue producto de una componenda del Tribunal de Arbitraje. De inmediato el Gobierno venezolano la declaró nula e írrita pero no fue sino hasta 1903 cuando el hecho vino a tener expresión oficial en el seno de la Corte Internacional de La Haya.

La diplomacia gomecista dejó pasar todas las oportunidades de expresar su desacuerdo con el Laudo. Las esperanzas nacionales se reavivaron en la década de los cuarenta del siglo pasado a raíz del advenimiento del  nuevo orden internacional de la posguerra. En 1944 el gobierno de Isaías Mediana Angarita pidió la revisión del Laudo y en 1948 Rómulo Betancourt se pronunció en igual sentido en la IX Conferencia Interamericana realizada en Bogotá. 

El Reclamo Esequibo se produjo formalmente bajo el gobierno de Rómulo Betancourt en 1962. Le correspondió al embajador Carlos Sosa Rodríguez (22 de febrero) la primera Declaración, pero ésta se precisó con la Declaración del canciller Marcos Falcón Briceño en las Naciones Unidas (12 de noviembre).

Tras prolongadas negociaciones diplomáticas se llegó al Acuerdo de Ginebra, firmado por Venezuela, Gran Bretaña y Guayana Británica [ahora República de Guyana] el 17 de febrero de 1966, aprobado por el Congreso Nacional como Ley de la República  el 15 de abril de ese año.

El Acuerdo de Ginebra estableció una Comisión Mixta con el encargo de “buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. La Comisión realizó su trabajo entre 1964 y 1970 pero no logró su objetivo. La rebelión del Rupununi en la Guayana Esequiba y la paralización interna de la Comisión Mixta, entre otros factores, condujeron al Protocolo de Puerto España (18 de Junio de 1970), congelándose la Controversia  por 12 años.

Durante su vigencia Guyana afianzó su presencia en la Zona en Reclamación, desarrollando planes de explotación y ocupación del territorio. Extendió su Mar territorial a 12 millas náuticas en 1977, estableció una Zona de Pesca hasta las 200 millas y definió su Plataforma Continental. El Gobierno venezolano protestó y estableció (1978) una Zona Económica Exclusiva a lo largo de sus costas continentales e insulares.

Venezuela decidió no prorrogar al Protocolo y comunicó a su homólogo guyanés su propósito de elevar el asunto al Secretario General. Guayana se  avino a ello por Nota de 28 de marzo de 1983. Desde entonces se ha utilizado la figura del Buen Oficiante sin obtenerse resultados para Venezuela. Guyana insiste en que Venezuela debe demostrar que el Laudo de 1899 es nulo e írrito. Esto sin contar con la solicitud que hará en la ONU el año próximo para extender su Plataforma Continental en 150 millas náuticas desde las 200 del límite de la Zona Económica Exclusiva.

Guyana saca provecho a nuestros vacíos, debilidades e inconsistencias en este asunto y ha logrado su objetivo fundamental: mantener la integridad territorial.

Bastante daño ha hecho el silencio venezolano a la Reclamación. Y en Derecho Internacional público el silencio otorga, al demostrar “aquiescencia”.