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Fernando Londoño

La debacle de Ecopetrol

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El presidente Juan Manuel Santos recibió una economía tan próspera como nunca la había vivido la nación. Y la va a entregar vuelta pedazos. Las pérdidas en Ecopetrol bastarían para alertar al más incauto y para desbaratar cualquier optimismo.

El 11 de enero del año pasado, las acciones se cotizaban en la Bolsa de Colombia a un precio de 5.450 dólares. Hoy vale la misma acción, en la misma lonja, 3.415 dólares. La diferencia monta 2.035 dólares por acción, lo que significa una caída de 40% de su valor original de hace 12 meses. Multiplicada la cifra de la pérdida unitaria por las acciones en circulación (41.116.000) nos arroja la suma global de 82 billones en el período. Como el gobierno es dueño de 90% de ese total, ha visto caer su patrimonio en 73 billones de pesos.

El deterioro en el activo de los dueños de Ecopetrol alcanza la categoría de un desastre. No hay para qué hacer la cuenta de lo que con ese monto se haría en vivienda para los pobres, hospitales para los enfermos, colegios para la juventud o carreteras para desarrollar la economía. Las cifras son tan gigantescas que su escueta expresión parecería el más demagógico de los discursos.

La causa de semejante debacle no está en los precios del crudo. Hace un año, el barril WTI estaba en 97 dólares y hoy ha bajado a 92. La diferencia es de 5% que no habría conmovido para nada a los inversionistas. No hay dificultades en la venta y las perspectivas del negocio para este 2014 son razonablemente buenas. Eso significa que el problema de Ecopetrol es de Ecopetrol y su entorno, circunstancia diría Ortega y Gasset, que es la de Colombia. En muchos aspectos, tan mala y, en lo que respecta a la industria petrolera, tan grave, que explica lo que pasa.

En suma, que los 73 billones perdidos a la fecha se deben a la mala política del presidente Santos, la peligrosa situación del país y el mal manejo de sus cuestiones esenciales. Cabría examinar si una parte de esa catástrofe le es atribuible, y en cuál medida, a equivocaciones propias de la empresa, por las que también saldría el gobierno responsable.

No hay mucho dónde perderse en este análisis. De agosto de 2010 a hoy, las voladuras de los oleoductos han aumentado 223%. Es la contribución visible y directa de los “plenipotenciarios” de La Habana por las FARC a este resultado. Cualquiera que sepa leer y escribir entiende que ese delito está disparado y que la violencia guerrillera tiene a Ecopetrol contra las cuerdas.

Pero ahí no paran las cosas. Los inversionistas, que de ingenuos no tienen un pelo, han tomado atenta nota de las consultas populares que amenazan los programas de exploración petrolera, en un país que no tiene reservas para más de siete años. Cuando los pueblos como Tauramena en el Casanare han resuelto impedir toda actividad de búsqueda de petróleo en su suelo, le han dictado sentencia de muerte a Ecopetrol. Contestará el gobierno que esas consultas no son obligatorias. El inversionista dirá, en su implacable lenguaje de las cifras, que lo convenzan con hechos y no con declaraciones de presidente. Pedirá, además, pruebas de la reducción de los secuestros y las extorsiones, que espantan al más probado aventurero de las finanzas. Los analistas de riesgos ya saben que los estudios de sísmica empezaron a caer.

Para completar el cuadro, el gobierno acaba de convocar una asamblea extraordinaria para echar a los directores que no están dispuestos a convertir Ecopetrol en la Pdvsa colombiana.

La violencia, la ineptitud en el manejo político de las regiones y el ejemplo de la petrolera vecina convencieron a los tenedores de acciones para poner pies en polvorosa. Y eso cuesta 73 billones de pesos. Algo así como todo un país.