• Caracas (Venezuela)

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En rasgos generales, la doctrina europea afirma que el hilo conductor del movimiento obrero –y en específico de la libertad sindical– muestra tres etapas claramente identificables; a saber: prohibición, tolerancia y protección, de tal suerte que lo que una vez fue considerado delito hoy es reconocido como un derecho humano fundamental.

Aunque en el caso venezolano ese esquema no parece ser tan contundente, sí cabe afirmar que el florecimiento de la libertad sindical se dio a la sazón de la consolidación de la democracia como sistema político, y se produjo desde temprano una simbiosis entre partidos políticos y organizaciones sindicales.

Pero, cuando parecía más robusto el elenco de derechos y métodos de protección al ejercicio de la actividad sindical, la tasa de sindicalización comenzó a sufrir un descenso irreversible no sólo en Venezuela, sino prácticamente en todo el mundo occidental, fenómeno que se vio precipitado entre nosotros con la crisis de los partidos políticos de finales del siglo XX y que acabó por restar equilibrio a la relaciones colectivas de trabajo.

Corolario de lo anterior, el papel de las organizaciones sindicales se concentró en actos de simple administración (afiliación, cotizaciones y cumplimiento de deberes formales) y en la celebración de negociaciones colectivas con preeminencia en cláusulas socioeconómicas. La pérdida evidente de poder no sólo redujo la eficacia de la acción sindical en materia de conflictos colectivos, sino que, además, abrió la compuerta a injerencias indebidas del Estado que, si bien no cuajaron, dieron lugar a la promoción de nuevas organizaciones sindicales y establecieron identidades con el régimen que trascienden lo ideológico.

Sin embargo, las nuevas formas de prestación de servicios derivadas de la tecnología y la informática han promovido la existencia de grupos sociales heterogéneos a los que no les sirven las recetas clásicas ensayadas con nueva carcaza ideológica, por lo que –como era de esperarse– el modelo reciclado entró en crisis temprana a pesar del auxilio sesgado por parte del régimen.

Desde la perspectiva formal, se ha producido un desmantelamiento progresivo de las atribuciones propias de las organizaciones sindicales (primero con el solapamiento de funciones respecto de los delegados de prevención, y ahora con la rancia idea de la democracia industrial plasmada en los consejos de trabajadores).

La defensa a ultranza por parte de la administración del trabajo a cuanto plantean los trabajadores y sus organizaciones viene estimulando la impunidad en el ámbito de las relaciones de trabajo, a la vez que fomenta el llamado terrorismo laboral, cada vez más radical, irreflexivo y que pide a capricho cuanto se le antoja sin siquiera hacer votos de mayor producción o armonía laboral, sino ofertando chantaje en cuanto a paralizaciones arbitrarias, proliferación de procedimientos administrativos (reclamos y sanciones, entre otros) con la intención de comprometer la emisión de solvencias laborales y causar multas que, en definitiva, atentan contra sus puestos de trabajo.

El modelo de sindicalismo que entró en crisis hace ya algún tiempo renueva las muestras de su incapacidad para reinventarse. Mientras la dinámica moderna promueve contrataciones atípicas y fórmulas de descentralización productiva que exponen nuevos rostros de subordinación –por cierto, algunas veces poco visibles– las organizaciones sindicales venezolanas se vuelven cada vez menos flexibles y, aunque hay importantes excepciones, en líneas generales puede afirmarse que atrás quedó el diálogo y la concertación social como medio para dirimir las diferencias naturales entre los actores laborales, todo lo cual evidencia el estado actual de la cuestión sindical.