• Caracas (Venezuela)

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Víctor Rodríguez Cedeño

Lo político y lo económico

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Los “revolucionarios” criollos, confusos e ideológicamente indefinidos, unas veces maoístas, otras marxistas y leninistas, chavistas y peronistas o kirchneristas, de repente lulistas o mujiquistas, también castristas o sandinistas, mugabistas, gadafistas, en todo caso totalitarios y fascistas, sostienen que los derechos civiles y políticos deben estar sometidos a los económicos, sociales y culturales, recogiendo lo planteado en el Congreso del Partido Comunista soviético de 1916. La procuradora anterior, hoy primera combatiente de la República según ellos, afirmó una vez que la libertad de los venezolanos, su derecho de expresarse, era muchos menos importante que tener una vivienda digna, comida o acceso a la educación, lo que, sin duda, contradice los más elementales principios de los derechos humanos. Más grave aún es esta interpretación cuando se constata que tales derechos tampoco son satisfechos por un régimen incapaz, cuyo objetivo único es perpetuarse en el poder, ahora bajo la sombra de Chávez, un militar golpista que deja una herencia política desastrosa que conduce a un peligroso caos económico, político y social.

En días pasados, después de insultos y declaraciones sin sentido, un debilitado Maduro, con una popularidad minada y en caída, invita al sector privado a dialogar para encontrar soluciones a los problemas que las mismas políticas “revolucionarias” han generado en el aparato productivo del país, desastre que ha abierto el paso a las millonarias importaciones desde los países cuyos gobiernos, paradójicamente, conocen muy bien la realidad que surge el 14 de abril. Independientemente de si se trata de una manipulación más o de una estrategia como otras tantas anteriores, perversas en su contenido y en sus fines, ella no podría ser considerada aislada de una consideración política de la realidad venezolana.

En estos momentos hay un país en crisis en el que las instituciones no funcionan: la crisis en la Asamblea Nacional sometida por un teniente también golpista, Diosdado Cabello, que busca con insistencia la “herencia” del sucesor designado; un CNE que se burla del electorado y de los fundamentados reclamos planteados por la oposición liderada por Henrique Capriles; un Tribunal Supremo que desconoce las normas jurídicas, más aún las reglas procesales sobre inhibiciones y recusaciones y que no muestra la independencia y la autonomía que les son propias; una defensora del pueblo que se ocupa solamente de avalar los ataques a la dirigencia opositora, ignorando las violaciones evidentes de los derechos humanos de los venezolanos, o de una fiscal que actúa o no actúa a conveniencia, mostrando también su dependencia del Ejecutivo.

Hablar de lo económico sin tomar en cuenta la realidad política del país, es decir, la persecución y la discriminación de que son objeto los que no comulgan con el fracasado proyecto socialista del siglo XXI, una suerte de apartheid político, más hoy en el sector público en el que se ha destituido y amenazado a miles de funcionarios que se expresaron libremente por el cambio y la alternativa democrática el 14 de abril, es absolutamente inaceptable. Más aún, si con el diálogo propuesto se pretende ignorar la lamentable situación de los presos políticos que, como la jueza Afiuni y el comisario Simonovis, emblemas de la persecución política, se pudren en las cárceles del país; y si con ello se busca esconder el ataque a los pocos medios independientes que quedan en el país, en violación de los derechos relativos a la libertad de expresión y de información y al derecho de todos los venezolanos de ser informados oportuna y verazmente.

La invitación al dialogo tiene un fin principal: lograr la legitimación interna y mostrar a los socios vendedores de alimentos e insumos que Maduro ha sido reconocido por todos en el país, lo que no es cierto hasta tanto se concluya el proceso que se inició con la denuncia de fraude presentada al CNE días después del 14 de abril. Si la invitación fuese sincera, en un Estado en el cual funcionen las instituciones, y la buena fe y la confianza prevalecieran, los empresarios deberían responder con entusiasmo a las “nuevas políticas”, pero sabemos perfectamente que en el corto plazo un diálogo en términos democráticos es simplemente imposible por cuanto los modelos en juego, el totalitario de Maduro y el democrático de la oposición, son absolutamente incompatibles y, por ende, excluyentes.