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Guillermo Martínez

Una crisis para Obama

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Es la primera vez, desde el éxodo del Mariel en 1980, que Estados Unidos se ha enfrentado a una crisis de inmigración tan complicada. En aquel entonces, Estados Unidos estaba tratando de detener una oleada de cubanos a los cuales el régimen comunista de Fidel Castro les permitió salir de Cuba.

Más de 125.000 cubanos hicieron el peligroso viaje a Key West en barcos de todo tipo y tamaños. El presidente Jimmy Carter fue incapaz de detener el éxodo que duró desde abril hasta septiembre. Y tan de repente como Castro abrió el grifo para iniciar la llegada masiva de cubanos en abril, así mismo Castro lo cerró en septiembre.

Ahora el presidente Barack Obama se enfrenta a una crisis similar con la llegada de más de 57.000 niños –no acompañados– de América Central que están cruzando la frontera para entrar a Estados Unidos.

Una ley aprobada unánimemente en el año 2008, tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, prohíbe al gobierno deportar a esos niños de forma inmediata, como sí puede hacerlo con aquellos que llegan procedentes de México y Canadá.

Ahora la Administración se encuentra atrapada. Por un lado están los que defienden la ley de 2008 y piden que sea aplicada al pie de la letra sin cambios algunos. Por otro lado, están aquellos que dicen que la Administración debe emitir una orden ejecutiva y deportar a esos niños sin concederles el derecho del debido proceso.

El presidente Obama, una y otra vez, ha estado de acuerdo con los dos bandos.

Los titulares cuentan toda la historia. El 20 de junio de 2014, The New York Times publicó una noticia con un titular que decía: “EEUU actúa para detener el aumento de la inmigración”. Informó que la Administración estaba redactando planes para detener a más de los niños que estaban llegando y para acelerar sus juicios legales para que puedan ser deportados más rápidamente. Eso enfureció a los grupos hispanos de defensa y a los demócratas liberales.

Estos niños venían procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Los jóvenes de Honduras estaban huyendo de un país donde las pandillas a menudo dan una opción para unirse a ellas o ser asesinado. Situaciones similares predominan en El Salvador y Guatemala.

Para el 20 de julio The New York Times informaba que la Administración de Obama estaba considerando conceder “estatus de refugiado para los hondureños”. Este reportaje dijo que para poder controlar el viaje peligroso que esos niños hacían desde su país a la frontera de la nación estadounidense, la Administración estaba considerando un plan para examinar a miles de niños y jóvenes en Honduras “para determinar si pueden ingresar a Estados Unidos como refugiados o por razones de emergencia humanitaria”.

Republicanos conservadores reaccionan con gran enojo ante esta idea y pronto dijeron que la Cámara de Representantes no aprobaría una ley de reforma a la inmigración este mismo año debido a que la Administración Obama había perdido el control de la frontera.

Criticado por ambos lados, la Administración comenzó silenciosamente a poner en práctica la ley. Cuando los niños se entregan ellos mismos a la patrulla fronteriza, ellos son provistos rápidamente con un examen de salud y las vacunas apropiadas. Luego son enviados a centros de refugio en los que permanecen durante 35 días en promedio.

Aquellos que tienen familiares o patrocinadores en Estados Unidos son entregados a su custodia hasta que un juez de inmigración pueda considerar sus casos. Para julio 30.000 niños habían sido reubicados con amigos o parientes. El proceso para determinar si tienen motivos legítimos para buscar el estatus de refugiado en la nación estadounidense toma de dos a tres años, con la condición de que no cambien su lugar de estadía y se unan a los más de 11 millones de extranjeros indocumentados que viven sin un estatus legal en el país.

Obama se reunió con los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala la semana pasada y les pidió que encontraran formas de hacer que los niños no huyan hacia Estados Unidos de forma ilegal. Fue una reunión amistosa, pero no se generó ningún acuerdo entre los presidentes de América Central y Obama. Hablaron sobre un programa piloto en Honduras para determinar si los niños hondureños tenían un legítimo temor a la persecución, algo que más adelante podría ser ampliado a Guatemala y El Salvador.

Obama fue muy cuidadoso en lo que dijo. “Es posible que haya una estrecha circunstancia en la cual una familia podría ser elegible para el estatus humanitario o de refugiado –dijo Obama– pero yo creo que es importante reconocer que eso no necesariamente conceda cupo a un gran número de inmigrantes adicionales”.

Dos de los tres presidentes centroamericanos –Otto Pérez Medina, de Guatemala; y Juan Orlando Hernández, de Honduras– culparon al gobierno de Estados Unidos. Dijeron que este había tenido éxito en erradicar la mayor parte del tráfico de narcóticos en Colombia, pero que ahora el problema se había movido a América Central.

La única forma de resolver este problema es utilizando en América Central las mismas tácticas que Washington utilizó en ayudar al gobierno de Colombia y derrocar a los narcotraficantes de este país.

Estados Unidos tiene que aprobar un programa similar para Honduras, Guatemala y El Salvador o la crisis en la frontera continuará sin tregua.