• Caracas (Venezuela)

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Si existe un tema que los más elogiados teóricos de la ciencia económica han reflexionado, investigado y debatido hasta la saciedad ese podría ser la medida del control de precios. Es tan antiguo aquel asunto que la historia nos muestra sus consecuencias desde la Babilonia con el Código de Hammurabi, a la antigua Grecia y los famosos inspectores reguladores de los precios del grano llamados los “sitophylakes”; desde el Imperio Romano con el Edicto de Diocleciano y la fijación de precios fijos, a las Corn Laws (Leyes de Cereales) de la Inglaterra del siglo XIX; desde el fracasado y criminal experimento soviético de principios del siglo XX con los tranvías y otros medios de transporte, a nuestra empobrecida Venezuela de hoy en día.

Los ejemplos nunca sobran en la historia, y aún menos cuando son seres humanos los que sufren las terribles vicisitudes que se desencadenan debido a que un pequeño grupo de burócratas se les ocurre ignorar tajantemente las leyes que rigen la economía. Esta profunda ignorancia se manifiesta en el dicho simple que reza que en el sistema de mercado rige “la ley del más fuerte”: un entorno donde “los grandes se comen a los pequeños”. Si esto fuera así, entonces la civilización que en general antes del siglo XVIII era 99,9% pobre nunca habría superado aquella condición de miseria con la revolución capitalista industrial; hoy en día no pudiéramos hablar de que la pobreza absoluta que existía en 1990, en 2010 llegó a ser la mitad y que en los últimos 20 años ha estado descendiendo de 44% a menos de 21%.

El asedio contra los empresarios y el control de precios aunque tenga su inicio en criterios políticos que se aplican en área de la política económica –y que las consecuencias de este se reflejan en los dos ámbitos mencionados–, una de las más graves consecuencias no son de carácter meramente económico. El intervencionismo ya en sí tiene un carácter dictatorial que permea a la sociedad asentando unas graves consecuencias que quebrantan la moralidad del orden civilizado.

Para exponer detalladamente las lamentables consecuencias en el orden social de este tipo de controles, las resumiré en nueve reflexiones:

Lo que en un inicio deberíamos notar es que a quienes generan riqueza en una sociedad –con su ahorro, inversión y la asunción de riesgos–,  los empresarios, son los primeros atacados con la política del control. Esto tiene graves consecuencias porque en el momento que la actividad empresarial se ve denigrada, violentada y destruida nuestra calidad de vida inmediatamente, también. Es un error ver por separado nuestras comodidades de hoy día de quienes la producen, distribuyen y comercializan (sería incoherente ver por separado la erradicación de una gripe de la pastilla antrigripal que previamente se tomó para curarla). Al disminuir nuestra calidad de vida consecuencia al control de precios que llevó a los empresarios a quebrar, se abre la puerta a la pobreza, el desempleo y el ocio. Ninguna sociedad progresa castigando al capital humano que ayuda a desarrollarla (empresarios y trabajadores).

La consecuencia inmediata de exigirles a los empresarios incurrir en pérdidas fijando arbitrariamente un precio máximo de venta, es el desabastecimiento. Quienes lleguen de primeros a la cola para comprar la “ganga” (temporal, por cierto) que el gobierno artificialmente creó son los que disfrutarán de esta; los más inteligentes comprarán productos adicionales porque al ver que estas medidas derivarán en anaqueles vacíos estos tomarán sus previsiones. El problema en sí es la humillación que le genera a una persona que su satisfacción buscada la determine su lugar en una cola donde, posiblemente, quizás llegue de última y sin éxito de compra. Estas medidas siembran en la sociedad recelos contra quienes llegan de primero o quienes para aquel momento tuvieron más efectivo para comprar mayor cantidad de unidades; pero también da paso a una sociedad adicta al privilegio de contacto en los establecimientos comerciales: tiene éxito el que tenga un contacto en el abasto, un amigo en el supermercado o un conocido de los organismos que distribuyen los bienes de consumo.

Al crear esta medida que supuestamente ayuda a las personas de más bajos recursos, la misma termina acentuando el mal que quería eliminar. Al mermar la producción, distribución y venta de bienes de consumos y al haber un segmento significativo de personas con disposición de poca renta, tendrán estas menos oportunidades de tomar las previsiones que lo primeros sí. Es aquí donde entra el gobierno a subsidiar la miseria y lograr uno de los objetivos de todo socialismo: hacer más dependiente del Estado un mayor número de personas. Otro inconveniente es que no se puede subsidiar lo que no existe. En opinión del gobierno los precios eran muy elevados antes de la imposición del decreto; ahora, desaparecieron del mercado: otra consecuencia que no se esperaba la “brillantez” planificadora.

Para supuestamente evitar el problema anterior generado por la distorsión del propio gobierno, entonces la cartilla de racionamiento está a un paso. Al ser aprobadas para distribuir igualitariamente la miseria que generan, exigen que el conformismo sea la norma principal de la conducta humana tratando de establecer una servidumbre a los pies de la burocracia. 

Al buscar los ciudadanos una válvula de escape a la mencionada situación, se hace más famoso el “mercado negro” lo que en palabras de Wilhem Ropke “acompaña al régimen de precios máximos como sombra a la luz”. Comerciantes, productores y consumidores naturalmente se ven obligados a violar y eludir con su ingenio los mandatos coactivos que impone el gobierno para evitar que no se venda o produzca a unos precios que no sean los que el régimen de control dicte. Entonces, en términos de la legislación burocrática, la sociedad en búsqueda de sobrevivir y alimentarse como quiere termina siendo una ciudadanía transgresora de la ley. Si el gobierno pensaba que iba a generar un orden estricto, se topa con que sus medidas de controles terminan causando un efecto “desmoralizador”.

En una sociedad, donde sus individuos víctimas del criminal control gubernamental se han tenido que acostumbrar a saltarse las cada vez más numerosas “leyes” y mandatos que la burocracia establece de manera dictatorial, resulta más temprano que tarde en una sociedad donde las personas difícilmente diferencien entre el bien y el mal; entre lo justo y lo injusto; entre el respeto al Derecho que emerge naturalmente de la interacción y el que representa la usurpación del anterior que intenta legitimarse en el poder para perpetuar a quienes lo crearon. Es aún peor cuando –ejemplos como arroz– los mismos funcionarios que dictaminaron las “justas reglas” también las transgreden: una muestra que la autoridad política de manera inmoral viola las leyes que impone.     

Parte de la ciudadanía que no está de acuerdo en participar en el mercado negro –o que no tiene los recursos para hacerlo– empieza a exigir al Estado intervenciones más fuertes y violentas contra los que alimentan dicho mercado. El problema, como ha ocurrido milenariamente, es que atacar a quienes escapan de los controles del gobierno –o se aprovechan de ellos– es perseguir la consecuencia y no la causa, ¿y qué efecto tiene este acontecimiento? Que en lugar de acusar a quienes generan la distorsión económica, la violencia en los mercados y la servidumbre, es decir: el Estado; terminan haciéndose cómplices del verdugo al actuar como el típico vigilante silencioso que acusa al vecino o al cualquier sospechoso de “violar la ley” del Estado (también es cierto que hay comportamientos muy cuestionables de algunos que dentro de este mercado operan). No hace falta un juicio profundo para identificar que tales medidas de controles terminan promoviendo el resentimiento y la atomización de la sociedad.

Lo más fuertes son los que se imponen en las trifulcas consecuencia al desabastecimiento. Las reglas de recta conducta terminan siendo obviadas cuando la necesidad primaria de comer se ve en riesgo. El joven empuja a la una persona de tercera edad,  hombres agreden a mujeres y viceversa. Las normas del buen oyente y hablante empiezan a ser un chiste y quienes quieren evitarse la cola y el trajín que requiere este nuevo sistema de humillación al venezolano, esperan armados a cuadras de los mercados para robar las bolsas con comida. El respeto al derecho de propiedad y la dignidad de la persona es noticia pasada y el comportamiento que invade gradualmente la interacción en colectivo son los instintos más tribales.

Este decadente sistema que nace de una sencilla pero nefasta decisión termina expulsando de la sociedad a quienes quieren calidad de vida y vivir en un mundo de oportunidades. El que puede emigra y, el que no, difícilmente esté presente en su participación como ciudadano por la expectativa de algún momento salir del abismo socialista.

La revisión técnica del problema en términos de eficiencia económica es de suma utilidad, sin duda, pero no trata en términos amplios lo que en el seno de nuestra sociedad desde hace un tiempo considerable, se gestó y continúa con intensidad como la más profunda degradación institucional que nuestra historia republicana haya conocido. Con nitidez puede verse una regresión a la barbarie que por los numerosos resquicios que deja la ingenuidad de millones al evaluar a los políticos por sus intenciones y no por sus resultados, se cuela y pulveriza nuestras Libertades. La “ley de selva” lejos de encontrarse en el exitoso modelo de intercambios pacíficos y voluntarios que proporciona el mercado libre, deberíamos hallarlo donde realmente pertenece, en el programa socialista y planificador que hoy día empobrece a la nación: ese, el del control de precios como la ley del más fuerte.

* Comunicador social.  Cedice Joven