• Caracas (Venezuela)

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Rafael Rodríguez Mudarra

Del control militar sobre el electorado

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Sin que queramos pasar por pronosticadores de buenos augurios, es indudable que el gobierno que detenta el poder político en Venezuela, de eminente predominio militar, que irrespeta el principio clave de nuestro ordenamiento constitucional al no querer entender, por actitud terca e irreflexiva que el Estado venezolano propugna como valores supremos de su ordenamiento jurídico y de su actuación, entre otros: “La igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, ha fracasado en su empeño de obtener simpatías mediante la influencia del culto a la personalidad, atribuyéndole al presidente de la república poderes extraordinarios, para que sin la concienciación debida, tome discrecionalmente decisiones, que en una u otra forma comprometen la suerte de la república.

Una “revolución revoltillo”, donde se juntan los falangistas; los conservadores; los  castristas seguidores de Cipriano Castro; los castristas  seguidores de Fidel Castro; los anarquistas; los bolivarianos; los republicanos y los marxistas e incapaz para alcanzar la igualdad entre los venezolanos y el desarrollo democrático e independiente del Estado, nos predice la certeza de su desaparición, más pronto que tarde, confirmándose lo que es regla elemental: que nadie engaña a nadie; y de hacerlo, el engaño aparecerá después, resultando tan aventurado propósito como uno de los males de mayor pertinencia, por el recuerdo del desconsuelo, la tristeza, la miseria, la inseguridad, la corrupción funcionarial, la violación de los derechos individuales más elementales y el desapego egoísta que actualmente se vive.

Pretender revertir en Venezuela la vieja política burocrática que imperó en el siglo XIX y principios del XX, con la puesta en práctica de la llamada “revolución chavista”, donde las discusiones en el seno de la Asamblea Nacional, hoy desafortunadamente presidida por un militar activo sin pasantía institucional para el ejercicio de la política, que nombra a su antojo y conveniencia a los integrantes de los poderes públicos, que allana de oficio la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado; que sin desmentir las informaciones de prensa que se han reproducido sobre su persona, dispone del uso fraudulento de los medios escritos, televisivos y radiodifundidos del Estado y de los favores de Poder Judicial e incoa demanda sin sustento legal alguno contra los dueños de los únicos periódicos independientes: El Nacional, Tal Cual y La Patilla, subsanando sus ocurrencia a base de la incondicionalidad a la voluntad expresa del presidente de la república, además de contar con la ayuda irrestricta de los integrantes del “clan  Cabello”, es sencillamente inaceptable, por ser contrario a todo principio de moral política.

A pocos meses para la escogencia de las diputadas y de los diputados para integrar la Asamblea Nacional, en Venezuela, el problema de los  poderes es de alta preocupación, dado que todo lo contrario a lo dispuesto por la Constitución, estos se han constituido en un engendro excesivo de control por la persona que ocupa la Presidencia de la República y dirige el partido de gobierno. Todos los poderes están alienados con el Poder Ejecutivo, no existe el principio de la incompatibilidad. La Asamblea Nacional no es un poder soberano e independiente; no es representativo de la opinión y de la voluntad del pueblo; quien la preside se sustituye en las funciones propias del Ejecutivo; contribuyendo con sus servicios al deterioro y fracaso del llamado proceso revolucionario.

Como percepción de lo dicho, el sector oficial de cara a la virtual derrota electoral que le será propiciada por los sectores mayoritarios de la población, que de manera exponencial lo adversan; ante el descrédito del llamado proceso; ante las promesas incumplidas y el avance sin solución de continuidad hacia el desastre, sin existir circunstancias que afecten la seguridad de la nación, por voluntad del  presidente Maduro ha decretado el estado de emergencia en municipios fronterizos con la república de Colombia.

La inesperada actitud del gobierno autoritario con el decreto promulgado nos hace coincidir con otras opiniones, en el entendido de que este busca obtener beneficios de la suspensión de garantías en los municipios fronterizos, disponiendo del control militar de las zonas, en las cuales no puede autorizarse destrucción de humildes hogares, maltrato a ciudadanos, como ha venido ocurriendo, teniendo como fin el declarado estado de excepción la militarización fronteriza, para controlar a través del miedo que  dicha declaración impone al conglomerado de la región afectada, y maniobrar electoralmente durante el proceso de las elecciones parlamentarias, con la idea de que si se impone el mando militar, las restricciones proselitistas al sector opositor pueden servirle al régimen para modificar los resultados.

La persecución de colombianos, tenido como hermanos siameses, por razones históricas constituye un retroceso en la concepción humanitaria de un país abierto como siempre a las migraciones tanto regionales como europeas. Cuando los venezolanos abandonaron el campo como producto del auge petrolero, los braceros de la vecina república suplieron su ausencia y con sus esfuerzos tesoneros mantuvieron  el ritmo ascendente de la producción agrícola e incentivaron nuestros rebaños, adquirieron nuestra nacionalidad y procrearon hijos venezolanos.

La postura electoral del decreto, no entendido por los ciudadanos constituye un retroceso social derivada de la crisis histórica del yoísmo autoritario, rememorativo de un chauvinismo estúpido, que considera a los demás como extraños a los otros, bajo la creencia de que a través de la retórica exacerbada, no utilizada para la promoción de la razón, se pueda inducir al venezolano un patriotismo mitómano.

 

Abogado, político, presidente de URD

1roriguezmudarra@gmail.com

roriguezmudarra@cantv.net