• Caracas (Venezuela)

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Fernando Ochoa Antich

De conspiradores a políticos

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Los militares en situación de retiro tienen absoluto derecho de manifestar públicamente sus ideas sobre distintos aspectos del devenir nacional y de organizarse en estructuras políticas para intervenir en su discusión y en la lucha democrática. Eso lo entiendo plenamente, pero lo que no puedo aceptar del comunicado que publicó un grupo de oficiales comprometido con la insurrección militar del 4 de Febrero es su total falta de sentido crítico para reconocer los graves errores cometidos, primero con el intento de ruptura del hilo constitucional y luego su silencio cómplice ante el inmenso daño que se le ha hecho a Venezuela  durante el régimen chavista. La tragedia que vive nuestro pueblo empezó el día en que esos oficiales irrespetaron su juramento de soldado y se insurreccionaron contra un gobierno legítimo, elegido por  voluntad mayoritaria de los venezolanos, sin considerar que el régimen democrático imperante en esos años, en nuestro país, garantizaba elecciones libres cada cinco años sin reelección presidencial.

Es verdad, como lo dicen en su documento,  que Venezuela vive actualmente “un completo caos, expresado en la crisis económica brutal que se sufre, la delincuencia que a diario asesina impunemente, el colapso de los servicios públicos y la violación descarada de principios constitucionales”, pero al denunciar esta  terrible realidad no se atreven a reconocer que esta situación se originó desde el mismo inicio del gobierno de Hugo Chávez al instrumentarse un régimen totalitario, inspirado en las ideas fidelistas, que comprometió gravemente la soberanía nacional, la democracia representativa y las libertades ciudadanas. Al mismo tiempo, se estableció un período presidencial de seis años con una reelección inmediata. No satisfecho Hugo Chávez con esos 12 años de ejercicio presidencial, estableció la reelección indefinida mediante una arbitraria reforma constitucional. Uno de los aspectos más vergonzosos de ese gobierno fue crear un inaceptable culto a su personalidad, que muchos de sus seguidores han insistido en mantener aún después de su muerte.

En dicho documento agregan que “el Proceso Constituyente para el pueblo fue, es y será la oportunidad para que como iguales, con mucha fe, optimismo y entusiasmo en el porvenir, decidamos el modelo de República”, pero olvidan que justamente la actual Constitución de 1999, la cual instituyó el acto democrático del referéndum revocatorio, tiene importantes fallas que obligarán a una revisión por haberse utilizado para escoger los diputados de la Asamblea Constituyente mediante un ardid matemático llamado Kino, que le permitió al chavismo obtener  93,61% de los diputados, con solo 52% de los votos. Esta distribución totalmente inequitativa trajo como consecuencia que fuera imposible reemplazar el Estado centralizado de partidos, establecido en la Constitución de 1961, por un sistema político descentralizado y participativo. El resultado fue mucho peor de lo que supuestamente pretendían corregir. Se instauró en Venezuela un régimen personalista, militarista y centralizado.

Los firmantes del documento pareciera que aspiran a transformarse en herederos de Hugo Chávez, quitándoles esa bandera a Nicolás Maduro y a sus seguidores. Ese objetivo los conduce a criticar con gran fuerza los intentos del gobierno para evitar que se haga el referéndum revocatorio. Utilizan en su cuestionamiento dos preguntas: “¿Es miedo y cobardía a medirse ante la voluntad popular?  ¿O es apoyarse en unos cada día más cuestionados Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia para poder ganar tiempo y seguir abusando, atropellando y disfrutando de las mieles del poder?”. Las respuestas a esas  preguntas definirían al actual gobierno, pero muchos de ellos que ocuparon altos cargos públicos durante el gobierno de Hugo Chávez deberían saber que esos abusos se cometían durante su  gestión y reconocer públicamente que también durante  esta misma se conocieron los más elevados niveles de corrupción de nuestra historia y se comprometió gravemente la soberanía nacional al entregar de manera irresponsable la reclamación del Esequibo.

Otro aspecto que me ha llamado la atención de ese documento es la forma en que equiparan al régimen de Nicolás Maduro con la oposición democrática representada en la Mesa de la Unidad Democrática: “El referéndum revocatorio no es propiedad de ningún grupo político, ni de la oposición y sus intereses, ni del gobierno y su poder abusivo, y mucho menos de los intereses extranjeros que están expoliando nuestras riquezas. Es un derecho consagrado en los artículos 70 y 72 de la Constitución nacional”. De eso no hay duda. Sin embargo, es justo reconocer que la idea de ese referéndum surgió en la Comisión para la Reforma del Estado dirigida por Ramón J. Velásquez y también fue planteada por varios diputados, de entre los cuales estuvo mi hermano Enrique, durante los debates parlamentarios de los años finales de los gobiernos civiles. Lo que sí creo importante destacar es que si estos oficiales retirados aspiran a formar parte de la oposición política que lucha por lograr que se convoque el referéndum revocatorio deberían aceptar que la unidad es la principal fuerza que tiene la MUD para poner punto final al desbarajuste madurista. Pretender que cualquier grupo político puede, por sí solo, neutralizar los esfuerzos del gobierno para evitarlo, es sencillamente una quimera.