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Héctor Faúndez

El complot

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Al referirse a la supuesta intercepción de las comunicaciones electrónicas de la diputada María Corina Machado, alegando la “extrema gravedad” de la situación por la que atraviesa el país, la fiscal general de la república excusó a los servicios de seguridad del Estado por no haber cumplido con las normas y procedimientos pertinentes para proceder a una medida de esa naturaleza. No pretendo ofender la inteligencia de los venezolanos asumiendo, aunque solo sea para los efectos del argumento, que se trata de correos auténticos. Tampoco voy a especular sobre esta novedosa técnica del golpe de Estado, que incorpora el uso de un medio propio de nuestra época, desconocido por Curzio Malaparte, y que se traduce en pregonar un complot a los cuatro vientos e informar, antes que a nadie, al Sebin y a quien quiera escuchar cómo se va a desarrollar el golpe de Estado, previa consulta a un profesor de Derecho Constitucional. Solo quiero referirme a las palabras de Luisa Ortega y a la gravedad de la situación a la que, según ella, nos enfrentamos.

Sin duda, situaciones excepcionalmente graves requieren de medidas igualmente excepcionales. En este sentido, el artículo 337 de la Constitución prevé que, en circunstancias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de sus instituciones o de los ciudadanos, el presidente de la república puede decretar el estado de excepción y restringir temporalmente las garantías consagradas en la Constitución. Aplicando esta disposición, se podría suspender el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho a la libertad personal, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, o la libertad de circulación por el territorio nacional. Es decir, todo lo que el actual gobierno ya está haciendo.

Lo que no permite el uso de esta facultad extraordinaria es suspender el derecho a la vida, la prohibición de la incomunicación, la prohibición de la tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, y otros derechos intangibles. Es decir, no se permite nada de lo que este gobierno ya está haciendo, y que ha sido denunciado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Pero el hecho es que, según Luisa Ortega, estamos atravesando por una situación de extremada gravedad, que justifica allanar una vivienda o detener a una persona sin una orden judicial, hacer uso excesivo de la fuerza (con el resultado, por ahora, de 42 estudiantes muertos), mantener incomunicados a numerosos estudiantes y otros presos políticos, torturar a estudiantes detenidos, o negarles el derecho al debido proceso. En una emergencia, este gobierno no se puede detener en formalidades burguesas.

El problema, señora Ortega, es que, en cumplimiento de los requisitos constitucionales, no se ha proclamado el estado de excepción ni se ha indicado cuáles son los derechos que estarían suspendidos. Es obvio que eso es un detalle menor cuando, en el delirio de quienes tienen un pasado golpista, hay un complot en marcha; no importa que ese supuesto complot sea para buscarle una salida legítima a la crisis económica, al desabastecimiento y al aislamiento internacional al que nos ha sometido este gobierno al no cancelar la deuda que tiene con las líneas aéreas.

Ningún gobierno democrático puede gobernar en medio de la oscuridad, suspender arbitrariamente la vigencia del Estado de Derecho y anular el ejercicio de nuestras libertades públicas. Sin abdicar de sus funciones y caer abiertamente en la sedición, la señora fiscal no puede pretender derogar la Constitución para encarcelar a todos los venezolanos que están cansados de la incompetencia, la negligencia y la corrupción y que, efectivamente, anhelan una salida pacífica y democrática.