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Froilán Barrios

“La clase obrera que necesita la revolución”

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La Central Socialista de Trabajadores, luego de tres años de fundada, convoca a su primer Congreso, iniciado el fin de semana pasado en el estado Vargas, estableciendo como objetivo esencial debatir lo económico-productivo y convertirse en la clase obrera que requiere la revolución, en el contexto de una crisis económica que le ha determinado subsistir en medio de un infierno laboral que ha depauperado en extremo la condición de vida de los trabajadores y de la población en general.

Cuando hacemos el resumen de las políticas laborales estatales implantadas durante estos años, entendemos la dimensión de los objetivos señalados; al vociferarse desde el evento de instalación el envío de brigadas revolucionarias para reactivar la alicaída producción de Sidor, producto de la mala gerencia designada desde la Presidencia de la República;  igualmente se pretende imponer en el Contrato Marco de la Administración Pública Nacional, las milicias obreras para garantizar servicios públicos en caso de desestabilización. Nos preguntamos a la hora de una huelga por reivindicaciones ¿cuál debe ser la actitud del obrero o el funcionario público? ¿Defender el derecho a un trabajo digno, o por el contrario al patrono Estado?

 Es evidente que las aspiraciones del gobierno de Maduro y del conjunto de poderes públicos es disciplinar a una clase obrera a niveles de sumisión absoluta a los designios del patrono Estado, ya demostrada por sindicalistas de la CSBT, cuando aplauden el encarcelamiento de sus compañeros gremiales por dirigir huelgas, las tasas impositivas del IVA, los precarios aumentos salariales mínimos ante una devastadora inflación, o sirven de esquiroles contra los trabajadores siderúrgicos por exigir un contrato colectivo justo.

 El Estado necesita a la masa trabajadora sometida al ritmo del trabajo voluntario, ya implementado en Pdvsa, Corpoelec y en caso específico del Instituto para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, donde obligan a personal profesional en vestimenta de oficina a caletear sacos de papas y todo género de alimentos bajo la orden suprema de la jefa del organismo en jornadas extenuantes. Convierten esta práctica humillante con características de trabajo esclavo en una política permanente en las instituciones públicas y empresas estatales.

En definitiva, pretenden desde el Alto Gobierno imponer el control absoluto de los trabajadores ante la inminente aplicación de paquetazos de medidas impopulares,  para superar una crisis cuya responsabilidad recae únicamente en quienes gobiernan y en quienes han esperado 15 años para descubrir, como lo han dicho el Presidente de la CSBT el 6 de agosto: “Me preocupa que cuando las empresas están en manos del privado, produzcan, y que cuando están en manos del Estado, que garantiza los derechos sociales, contractuales y legales, se vuelvan improductivas. Ahí es donde los trabajadores no quedamos claros”. O lo manifestado el 10 de agosto por el saliente secretario general de Unasur: “Está demostrado que el Estado no puede asumir todas las actividades económicas.Vamos a continuar pasando actividades al Estado cuando su eficacia es muy limitada”.  Luego de pulverizar cientos de miles de empleos y cerrar miles de empresas, es criminal reconocer ahora semejante tragedia que ha hundido a nuestro país.