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Marcos Tarre

Las cifras del ministro

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En días pasados el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, anunció en una rueda de prensa que los secuestros se habían reducido en 52,3 %, el hurto de vehículos 30,5 %, las violaciones 26,3 % y los homicidios 21,2 %...

Esta información, que debería ser recibida con satisfacción por la colectividad, ha pasado inadvertida y más bien ha generado sensaciones confusas y a veces negativas, quizás por la vaguedad y ausencia de una base completa, sólida y transparente de la información.

En primer lugar, el ministro no especificó las fuentes de las cifras, no aclaró si procedían de la División de Estadísticas del Cicpc, de algún observatorio o cómo se habían recogido y procesado. Luego habló sólo de cuatro delitos: secuestros, hurto de vehículos, violación y homicidio. ¿Acaso eso significa que solamente estos delitos se redujeron y los otros se incrementaron? El ministro tampoco dio números absolutos, sino porcentajes en principio correspondientes a lo que va del año 2014. ¿Pero, con qué cifras se compararon para determinar los respectivos porcentajes? ¿Qué métodos comparativos se utilizaron?

Por otra parte, cada vez que una autoridad, bien sea nacional, regional o municipal, oficialista o de oposición, declara sobre cifras de delitos, afirma que se están reduciendo. Pareciera existir un irresponsable acuerdo tácito de hablar y repetir que las cifras parciales de los delitos se reducen, cuando a final de año  finalmente aparecen las estadísticas de los observatorios, que trabajando con las uñas, tratan de informar sobre una materia tan importante, intentando solventar el absurdo hermetismo oficial, las cifras parciales de ministros, alcaldes y gobernadores quedan crudamente desmentidas.

La gente está tan acostumbrada a escuchar esas optimistas declaraciones de los funcionarios que, ante las nuevas noticias, reacciona con el mayor escepticismo. En el caso de las declaraciones del ministro del interior, una noticia de reducción de más de 20 % en los homicidios sería una excelente novedad para el país y para sus habitantes. Sin embargo, sus afirmaciones han caído en la indiferencia casi total.

Por una parte, la “sensación” de inseguridad es tan generalizada, nuevos y espeluznantes asesinatos con desmembramiento de sus víctimas, terribles crímenes intrafamiliares, homicidios cometidos dentro de agencias bancarias, en cafeterías a plena luz del día, o funcionarios involucrados en todo tipo de delitos, más bien dan la idea que nada está mejorando en ésta materia.

Si las cifras del ministro son ciertas, y ojalá lo fueran, la información debe presentarse completa, basada en fuentes inobjetables que no dejen dudas, accesibles a todos los interesados, transparentes y confiables, de forma periódica para que puedan ser analizadas y comparadas con objetividad. Bien pudiera el ministro referirse a los cuatro o cinco principales delitos y para no extenderse, entregar a los medios  de comunicación las tablas y cifras completas de todos los delitos, parciales por entidades y totales…

Si se quiere recuperar la confianza del ciudadano y realmente las cifras están mejorando, entonces que se elimine la perversa medida tomada en el año 2004 ó 2005 de prohibir la divulgación de las estadísticas del Cicpc.  El manejo de las cifras delictivas como un “secreto de Estado”, cuando es una materia de interés de todos, además de violar el derecho a la información establecido en la Constitución, ha dado pie a manipulaciones, interpretaciones dudosas y controversiales y sobre todo, a generar más y mayor desconfianza del ciudadano en sus autoridades. Antes de esa nefasta medida, el Cicpc publicaba las cifras de los delitos conocidos en marzo de cada año y nadie las cuestionaba; eran la Biblia para funcionarios, investigadores, medios de comunicación y para los interesados.

Pero actualmente existen diferentes versiones, una oficial, y otras, de ONG, que difieren totalmente. El ministro de relaciones interiores, que no ha caído en frases apresuradas y un tanto inverosímiles, como por ejemplo las formuladas por el presidente Nicolás Maduro en los casos de los homicidios de Mónica Spear, Basil DaCosta o Eliézer Otaiza, pierde credibilidad al no presentar una información bien sustentada sobre un tema tan sensible a la opinión pública.

marcostarre@gmail.com

@marcostarre