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Pablo Pérez

El chip de la “impunidad”

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¿Es una ofensa? Sí lo es. ¿Es un irrespeto? Absolutamente. ¿Es un castigo? Indudablemente que sí. No tengo dudas, la reactivación de la pretensión de imponer la utilización del chip de la gasolina en el Zulia se resume en esas tres palabras: ofensa, irrespeto y castigo contra los zulianos.  

Pero falta una cuarta palabra que termina de perfilar la gravedad de la medida: impunidad. ¿Por qué impunidad? Porque con esta medida se busca castigar a más de 4 millones de zulianos que nada tienen que ver con el contrabando de combustibles, pero no se hace nada contra las mafias que controlan la extracción de gasolina hacia Colombia e islas del Caribe. Se les otorga impunidad a estos grupos.

En una ocasión un jefe militar que estaba destacado en el Zulia dijo, sin que se le arrugara la cara, que por las fronteras del estado sacaban millones y millones de litros de combustible, pero poco se hizo desde entonces para evitar ese negocio que desangra las arcas del país.

Recuerdo además que un alcalde chavista de un municipio fronterizo no solo admitió que en la zona que gobierna se comercia ilegalmente con el combustible, sino que en ese negocio las mafias contaban con la participación de gandolas de Pdvsa y que había toda una red de complicidad. ¿Qué se hizo entonces? Nada.
En el Zulia se escuchan a diario las historias más diversas sobre cómo operan estas organizaciones, que no solo sacan gasolina por vía terrestre, sino que utilizan el lago y los ríos para sus acciones delictivas. ¿Y qué hacen las autoridades? Contra ellos poco, contra el pueblo mucho porque le quieren racionar el uso del combustible lo que es una violación de la Constitución Nacional.

Si el pueblo sabe cómo sacan la gasolina hacia Colombia y las islas del Caribe, la Fuerza Armada tiene que saberlo con mayor exactitud, porque ellos son los supuestos garantes de la seguridad y la soberanía fronteriza. ¿Qué ocurre entonces? En las mismas historias que cuentan los ciudadanos se escuchan versiones sobre los lucrativos beneficios que el negocio aporta.

Nunca ha habido voluntad de combatir este delito. Es más fácil castigar al pendejo y por eso regresan con el plan de racionamiento que ya en 2012, con la presión de la opinión pública, tuvieron que suspender. Retornan con la excusa de evitar el bachaqueo de combustible, cuando ellos mismos saben que las estaciones de servicio apenas son una pieza en el complejo rompecabezas.

Ahora pretenden engañar al pueblo alegando que el chip no es para racionar ni controlar. ¿Entonces para qué es? No saben cómo “edulcorar” el tema para evitar que la gente proteste en las calles contra esta nueva ofensa, irrespeto y castigo contra los zulianos.

Quieren disminuir las pérdidas económicas que genera el contrabando de combustibles penalizando al pueblo. Con eso demuestran que no tienen voluntad ni capacidad para enfrentar el problema, y no la tienen porque el ilícito negocio tiene sus tentáculos para repartir dinero y comprar apoyos.

Con este racionamiento no se golpea a ninguno de los cabecillas del negocio, sino, por ejemplo, al chofer de transporte público, a esa persona que hace transporte escolar para sobrevivir, al taxista que verá restringida su labor diaria y al ciudadano en general que usa su vehículo para trabajar en un país golpeado por una severa crisis.

El problema fundamental no está en ninguna de las estaciones de servicio del Zulia, sino en la frontera. En esa zona que es territorio de nadie. Bueno, no de nadie, porque ahí el gobierno es ejercido por las distintas organizaciones que se dedican a una amplia diversidad de actividades ilegales. El chip les otorga impunidad, mientras al pueblo se le sanciona con más restricciones.