• Caracas (Venezuela)

Opinión

Al instante

Víctor Rodríguez Cedeño

Un cerebro y dos cabezas

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

E l 10 de enero comienza una nueva etapa en la historia política venezolana. La decisión del Tribunal Supremo, simplemente política, como ha sido considerada por la mayoría de los constitucionalistas y gente seria de este país, confirma la lamentable sumisión de los poderes públicos y de las instituciones del Estado a un Ejecutivo que obedece a intereses exclusivamente partidistas, con lo que se destruye la institucionalidad y el concepto mismo de Estado.

El régimen que empieza con Maduro al frente carece de fundamentación constitucional, a pesar de la decisión del TSJ; de las despreciables declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y del "respaldo" que le dieron algunos beneficiarios extranjeros entre ecos y lloros histéricos por la salud del comandante ausente y los logros de la "revolución del amor", que para ellos se traduce, como lo dijeron con el mayor desparpajo de José Mujica y Cristina de Kirchner, en la ayuda que ha dado Chávez a sus economías "en momentos difíciles." La realidad es que estamos ante un extraño régimen que se instala con base en una decisión política del TSJ; una Asamblea Nacional mayoritariamente chavista, pero que curiosamente representa la minoría nacional expresada cuando se eligió, hoy dirigida por Diosdado Cabello, un militar golpista, parte de la bicefalia que parece heredar el poder según decisión del mismo Chávez, antes de que le ocurriera el "hecho sobrevenido"; un TSJ Supremo que legisla y asume funciones de la Asamblea y que se integra desconociendo las reglas, cuando sustituye a sus magistrados para acomodar sus decisiones a instrucciones ejecutivas y, un Poder Moral ausente, más la Defensoría del Pueblo que mantiene un condenable silencio ante los hechos y los atropellos de las fuerzas públicas en contra de los estudiantes y venezolanos que protestan con derecho el estado al que han sumido la República.

Ante todo ello, una dirigencia opositora débil que acepta sin reservas los hechos y se une al juego de la "democracia" venezolana, en clara desventaja.

La blandenguería de algunos anuló, para empezar, cualquier postura que los demócratas de la región y del mundo hubieran podido adoptar en su momento, para condenar lo que todos han considerado una flagrante violación del orden constitucional, la misma que se habría argumentado cuando funcionaron y destituyeron a Manuel Zelaya y a Fernando Lugo, piezas una vez importantes del afán expansionista bolivariano. Una oposición que todavía busca insertarse en la vida de esta sexta república, sometida a humillaciones jamás vistas en nuestra historia política y que sigue condicionada por los patrones impuestos por encuestadores y opinadores de oficio que le impide decir las cosas por su nombre, como lo esperan los venezolanos.

Es muy grave que en medio de esta realidad el Presidente electo el 7 de octubre, ungido por obra y gracia del TSJ que concibió sin pudor el principio político de la continuidad, esté desaparecido, probablemente, en situación "estacionaria" en algún lugar del imperio cubano. No se sabe con exactitud el estado real de su salud, lo que evidentemente crea una situación particular que se va traduciendo, con el tiempo, en una peligrosa anarquía. El TSJ en su decisión rechaza la constitución de una junta médica para que examine al Presidente electo y determine su capacidad o incapacidad para gobernar.

El "pasticho" jurídico creado por el TSJ es grave. Las decisiones que adopta un "Gobierno" que existe con base en el "principio de la continuidad", una ficción política perversa, podrán ser cuestionadas a futuro, más aún las que afectan las relaciones internacionales.

El Presidente electo ausente por tiempo indefinido, un vicepresidente no ratificado en su cargo por un Presidente que nunca se juramentó, un tren ejecutivo no designado, un vicepresidente encargado por ausencias no autorizadas del encargado de facto; en pocas palabras: un Estado sin cabeza jurídica, aunque con dos cabezas políticas, sometidas al cerebro cubano que dirige y controla las instituciones y a los monigotes del oficialismo que cumplen rodilla en tierra sus instrucciones.